CARACAS.
Los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma fueron enviados de vuelta a la cárcel tras una serie de acciones del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro contra prominentes políticos de la oposición. Las autoridades argumentan que la decisión fue tomada como consecuencia que ambos violaron las condiciones de su arresto domiciliario.
En días pasados, ambos divulgaron videos en internet en los que condenaban la decisión de Maduro de elegir una Asamblea Constituyente para reescribir carta magna de Venezuela. La oposición sostiene que esa iniciativa es parte de un plan de Maduro para consolidar su poder sobre las pocas instituciones que quedan fuera del control del oficialismo.
Estos son los opositores que siguen bajo la mira del oficialismo en Venezuela.
LEOPOLDO LÓPEZ
Es el preso político más prominente de Venezuela. Fue arrestado en 2014 y más tarde condenado a casi 14 años de prisión por presuntamente incitar a la violencia en protestas antigubernamentales aquel año.
El tribunal argumentó que su pena de cárcel incluye su inhabilitación política (es decir, postularse a cargos de elección popular) durante el tiempo que dure su condena.
Su Partido Voluntad Popular, que el presidente Maduro denomina como organización «terrorista», afirma que más de tres centenas de sus miembros y simpatizantes «han sido detenidos, enjuiciados o perseguidos por su actividad política».
López cumplía condena bajo arresto domiciliario desde el 8 de julio.
ANTONIO LEDEZMA
El alcalde de Caracas detenido la misma madrugada que López fue arrestado en febrero de 2015 por supuestamente ser parte de un complot orquestado por Estados Unidos para derrocar a Maduro.
Tres meses más tarde fue puesto bajo arresto domiciliario. Sigue a la espera de juicio.
HENRIQUE CAPRILES
Es el gobernador del estado de Miranda que estuvo a punto de derrotar a Maduro en la elección presidencial de 2013 y se ha mantenido a la vanguardia del movimiento de oposición.
En abril, la Contraloría General, controlada por el oficialismo, lo inhabilitó políticamente para participar en eventos electorales por 15 años.
En junio, el Tribunal Supremo, con una mayoría de magistrados afines al gobierno, amenazó a Capriles con la detención si se negaba a contener grandes las protestas de la oposición y bloqueos de vías que se han convertido en eventos casi diarios desde principios de abril.
LUISA ORTEGA DIAZ
La fiscal general de la nación era identificada como cercana al gobierno, pero de manera inesperada rompió filas con Maduro tras una decisión del Tribunal Supremo que a finales de marzo despojó a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de sus últimas facultades.
Desde entonces se ha convertido en una de las más feroces críticas del oficialismo. A finales de junio, el máximo tribunal abrió un proceso para despojarla de sus beneficios legales y poder enjuiciarla por supuestas faltas que habría cometido en el ejercicio de su cargo. Además le prohibió salir del país y ordenó congelar sus cuentas bancarias.
El legislador oficialista que solicitó su enjuiciamiento además pidió una evaluación para probar que no goza de salud mental.
ALFREDO RAMOS
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a finales de julio la destitución y el arresto por 15 meses de Ramos, alcalde opositor de la ciudad central de Barquisimeto.
Fue acusado de desacatar una sentencia del máximo tribunal que lo obligaba a restablecer el tránsito en las vías bloqueadas por manifestantes durante los más de cuatro meses de protestas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ramos fue arrestado el 28 de julio.
En los últimos tres años, siete alcaldes opositores han sido destituidos por el Tribunal Supremo.
GUSTAVO MARCANO
El Tribunal Supremo sentenció a 15 meses de prisión a Marcano, de 38 años, alcalde opositor del municipio turístico de Lecherías, también por desacato a una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías que casi a diario cerraban los manifestantes en esa localidad. La sentencia incluye la separación del cargo y su inhabilitación política. Se desconoce su paradero.
MIGUEL HENRIQUE OTERO
El editor de El Nacional, el último diario local abiertamente critico al gobierno, enfrenta una medida de prohibición de salida del país luego de que el poderoso dirigente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, lo demandara por difamación tras publicar un artículo del periódico español ABC que lo implicó en supuestas actividades de narcotráfico.
Otero, que estaba fuera de Venezuela cuando se emitió la orden judicial, dirige el periódico fundado en 1943 desde el exilio en España. Otros ejecutivos de medios enfrentan un proceso judicial semejante por este caso.
MARÍA CORINA MACHADO
La legisladora más votada de Venezuela en las elecciones legislativas de 2010, perdió su investidura parlamentaria en 2014 y le impusieron una sanción que la inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año. Esto le impidió postularse a las elecciones parlamentarias de 2015, que ganó abrumadoramente la oposición. Machado además tiene pendiente un proceso judicial por el delito de conspiración.
DANIEL CEBALLOS
Es un exactivista estudiantil que fue encarcelado en 2014 durante la ola de protestas contra el gobierno que tuvo como epicentro la ciudad occidental de San Cristóbal, donde fue alcalde. Fue separado de la alcaldía y enjuiciado por supuestamente no acatar una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de barricadas a quienes protestaban contra Maduro.
MANUEL ROSALES
El exgobernador y candidato presidencial fue arrestado en 2015 a su regreso del exilio en Perú, a donde huyó para escapar de los cargos de «enriquecimiento ilícito» cuando ejerció como gobernador del estado occidental del Zulia entre 2002 y 2004.
Estuvo bajo arresto domiciliario y fue liberado el 31 de diciembre de 2016. Está obligado a presentarse ante un juez de manera periódica.
