El Gobierno de la Ciudad de México tiene suficiencia presupuestal para concluir la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 antes de que concluya el primer semestre de 2026, rubro al que destinará 3 mil 700 millones de pesos; sin embargo, las autoridades capitalinas desconocen hasta el momento la cantidad total y cuál fue el destino de los recursos asignados para los damnificados, que al parecer fueron desviados en presuntos actos de corrupción.
En la pasada administración fue detenido y extraditado de España el ex comisionado Édgar Tungüí, quien quedó en libertad tras obtener un amparo. Sin embargo, las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) revelaron que al parecer autorizó que se otorgaran apoyos por más de 200 millones de pesos a ocho inmuebles afectados sin que cumplieran los requisitos establecidos, pero el ex funcionario aclaró al juez que la comisión que encabezaba no manejaba dinero.
A finales de 2017, el ex diputado local del PAN y actual dirigente nacional, Jorge Romero; el entonces perredista Mauricio Toledo –quien se encuentra en Chile con un proceso de extradición que inició la fiscalía local–, así como el ex delegado de Álvaro Obregón, el fallecido Leonel Luna, autorizaron proponer, vigilar y supervisar el ejercicio de más de 5 mil millones de pesos del presupuesto de 2018 –de un total de 8 mil 792 millones– para la reconstrucción.
Finalmente, la extinta Asamblea Legislativa de capital negó que los tres supervisaran la aplicación de los recursos.
Ayer, al consultar al secretario de Administración y Finanzas del gobierno local, Juan Pablo de Botton, acerca de la recuperación de dinero posiblemente desviado en 2018, se limitó a responder: “tenemos los recursos, independientemente de eso”, para concluir con la reconstrucción de mil 874 viviendas para el siguiente año, de un total de 22 mil.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno desconoce si se recuperaron los fondos que aparentemente se desviaron en obras pagadas y no ejecutadas por varios ex funcionarios en 2018, mientras el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, comentó que corresponde informar del estatus de las pesquisas a la FGJ.
Damnificados, víctimas de la corrupción
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunió con personas que perdieron sus casas, ante quienes recordó que en 2018 “hubo otras situaciones que tienen que ver con corrupción, con la mala utilización de los recursos públicos para los damnificados, cuando se desviaron recursos públicos que eran para ustedes y terminaban en bolsas privadas”.
Héctor de la Cueva, vocero del Movimiento de Familias Damnificadas del 19 de septiembre, sostuvo que “definitivamente la corrupción fue uno de los obstáculos que enfrentamos”, por lo que aún no logran regresar a su vivienda 3 mil 500 familias que forman parte de la organización que representa. Agregó que justicia es lo que hace falta para todos ellos y para las personas que fallecieron en el sismo de 2017 y en los años siguientes sin que pudieran regresar a casa.
En otro tema, vecinos del Multifamiliar de Tlalpan, en la zona de Taxqueña, denunciaron la presunta ocupación ilegal de un departamento del edificio 1C, que fue reconstruido. Señalaron que la vivienda era propiedad de don Jorge, quien hace poco más de seis meses murió, y el departamento quedó bajo investigación de la FGJ.
Sin embargo, con el paso de tiempo los sellos fueron retirados de la propiedad marcada con el número 52 y posteriormente llegó a vivir una pareja de venezolanos, a la que acusan de contar con la protección de la fiscalía capitalina.
