Cuatro militares fueron procesados por las ejecuciones de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que fueron ingresados a la prisión dentro del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México.
De acuerco con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, estos elementos son señalados por el delito de desobediencia por parte de la Fiscalía de Justicia Militar, ya que supuestamente eran los encargados de la artillería del vehículo castrense que interceptó a la camioneta de las víctimas.
Las imputaciones de desobediencia se basan en el reporte que entregó uno de sus superiores, en el sentido de que el personal no atendió a la orden de dejar de disparar en contra de la camioneta en la que viajaban las víctimas el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo.
Este proceso es diferente a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), en donde los elementos del Ejército enfrentan los cargos de homicidio y abuso de autoridad, entre otros.
Durante una de sus conferencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que «no hay impunidad para nadie», y en caso de determinarse que los militares incurrieron en una falta serán sancionados.
La Secretaría de la Defensa Nacional realiza sus propias investigaciones, mientras que la Fiscalía General de la República continuará con la indagatoria integral para determinar los posibles abusos cometidos por los militares.
