El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del Comité Técnico de Evaluación (CTE) de eliminar del proceso de selección para la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) a la consejera Carla Humphrey y al exconsejero Javier Santiago Castillo, aludiendo que está prohibida la “reelección”.
En sesión pública, la Sala Superior avaló, con cuatro votos a favor y uno en contra de la magistrada Mónica Soto, la propuesta que presentó el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, en la que puntualizó que no puede haber reelección de consejeros electorales, incluyendo la presidencia del INE.
“La prohibición constitucional de reelección se refiere de forma expresa tanto a las consejerías que desempeñan la presidencia, como al resto de las consejerías electorales”, se estableció en la resolución.
Sin embargo, la magistrada Mónica Soto rechazó el planteamiento, porque argumentó que la Constitución establece una diferencia entre el cargo de consejero electoral y el de consejero presidente, lo que le permitiría a Carla Humphrey contender por la presidencia del instituto.
La determinación incluye el desechamiento del recurso que presentó el exconsejero Javier Santiago Castillo, debido a que el TEPJF ya había determinado que la presidencia del INE recayera en una mujer.
El TEPJF resolvió un total de 27 medios de impugnación interpuestos en contra de diversas determinaciones del Comité Técnico de Evaluación, relacionadas con el proceso para la selección de consejerías electorales del INE.
Además, la Sala Superior desechó 677 demandas presentadas en contra del Plan B y de los trabajos del INE para implementarlo.
En sesión pública, atendió las demandas que presentaron en contra del decreto que reforma diversas leyes electorales y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como del Acuerdo del Consejo General del INE que define los trabajos de modificación del instituto y crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023.
A propuesta de las ponencias de distintos magistrados, la Sala Superior determinó que no se podía estudiar el fondo de las problemáticas planteadas en los recursos.
Acusan renovación de consejeros del INE con poca transparencia
Quejas, cuestionamientos, la presentación de medios de impugnación y una comunicación opaca han empañado el proceso que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) lleva a cabo para calificar a los perfiles entre los que se deberá designar a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y que habrán de conducir uno de los procesos más importantes para el país en el 2024: la elección presidencial.
El comité fue cuestionado, desde su conformación, por haberse integrado con personas afines a Morena, que, con ayuda de su mayoría en la Cámara de Diputados, logró sumar cinco de siete miembros.
Una de las primeras quejas de su labor fue la falta de transparencia sobre los nombres de las personas que se registraron para buscar un lugar en el Consejo General del INE.
Fue la Secretaría General de la Cámara de Diputados que, sin tener la facultad para ello, dio la primera respuesta ante la insistencia de los medios de comunicación, que reclamaron una opacidad no vista en procesos anteriores. Después de eso, el comité dio a conocer cortes informativos como seguimiento al proceso para el registro de los aspirantes.
A esto se suma el reclamo de la prensa por el hecho de que el CTE sólo brinde información vía comunicados o breves conferencias y sesiones públicas de trabajo, luego de las cuales evade responder a las dudas que surgen a partir de las mismas.
Tras la aplicación del examen a las personas aspirantes, los cuestionamientos de los mismos participantes se exacerbaron.
Los resultados dados a conocer al día siguiente fueron objeto de críticas, al saberse que personajes cercanos al Gobierno federal y Morena obtuvieron las calificaciones más elevadas, aun cuando contaban con poca o nula experiencia en materia electoral.
Algunos aspirantes presentaron la prueba sin contratiempos y se declararon confiados en el proceso, mientras que otros expusieron, por medio de redes sociales, irregularidades e inconsistencias en la aplicación de la prueba.
Fallas en el sistema, preguntas confusas o que tenían más de una respuesta correcta, y que no se obtuviera una respuesta adecuada a las solicitudes de revisión del examen, fueron algunas de las quejas que los aspirantes externaron.
Miguel Ángel Lara Otaola, uno de los participantes, subrayó como una de las irregularidades que las preguntas del examen no fueron elaboradas por una institución o especialistas en evaluación, por lo que no hubo alguien que certificara un fraseo y uso del vocabulario oportuno. El aspirante Gerardo Marroquín, doctor en Derecho que ha fungido como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, promovió un juicio electoral vía per saltum (salto) contra el CTE.
Los argumentos para su recurso fueron que el comité no justificó por qué sólo integró una lista de 102 hombres y 102 mujeres que avanzarían a la siguiente etapa luego del examen, cuando en la convocatoria se permitía integrar listas de hasta 127 personas. Acusó también que, al intentar revisar su examen, “el sistema siempre estuvo bloqueado” para recibir observaciones.
El litigante expuso su inconformidad con 10 preguntas que se le marcaron como incorrectas, mediante un oficio que dirigió a los integrantes del comité, que “se negó a recibirme dicho oficio, dejándome en estado de indefensión”, dijo.
