¿En qué se basa esta decisión?
La decisión de Lasso se sustenta en el artículo 148 de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaban adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.
El presidente ha mantenido una mala relación con el Legislativo, a cuyos integrantes ha acusado de haberle pedido cargos estatales, el manejo de instituciones públicas como hospitales y hasta dinero en efectivo a cambio de votos.
La Asamblea fue desalojada en la madrugada y un fuerte contingente militar y policial en sus alrededores impide el paso.
Sin pronunciamiento de la Confederación
La situación se mantiene en aparente calma en las calles y aún no se conoce ningún pronunciamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que en los últimos años ha realizado movilizaciones y protestas que virtualmente paralizaron al país.
Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Aunque la constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.
El abogado y constitucionalista Ismael Quintana dijo a The Associated Press que Lasso está facultado para gobernar por decreto aunque éstos sólo pueden ser de materia económica y es la Corte Constitucional la que decide si son válidos o no.
Aclaró, sin embargo, que dichos decretos podrían quedar sin efecto por decisión de la nueva mayoría legislativa que resulte elegida en los comicios anticipados, pues según la constitución deberá someter a revisión las decisiones del Ejecutivo.
Un mecanismo constitucional
El analista jurídico Ramiro Aguilar indicó a AP que “este es un mecanismo plenamente constitucional” y que la medida ayuda a destrabar la disputa entre el gobierno y la Asamblea. “Un conflicto de esta naturaleza puede durar cuatro años y es un conflicto que paraliza el país, entonces la muerte cruzada (disolución de la Asamblea) establecida en la constitución del 2008 fue diseñada para superar los conflictos políticos que ponen en jaque a las instituciones, que paralizan la institucionalidad”.
Sin embargo, agregó, el país también pierde el debate democrático porque “va a haber una voz unilateral del Ejecutivo imponiendo un rumbo sin el contrapeso de la Asamblea y pierde credibilidad el país, porque queda con una institucionalidad débil”.
Según establece la normativa, la Asamblea Nacional deberá cerrar físicamente sus instalaciones y únicamente su administrador general estará habilitado para mantener en operación al personal permanente mientras el resto de los contratos provisionales quedarán sin efecto. El presidente podrá ordenar el uso de la fuerza pública para el resguardo del Palacio Legislativo.
Lasso, que tiene apenas 25 asambleístas de un total de 137, está en el poder desde mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.
