Hermosillo, Sonora;
Para que las personas juzgadoras sean elegidas mediante voto popular, libre, directo y secreto, fue aprobada la convocatoria general pública, en materia de reforma del Poder Judicial local.
En sesión extraordinaria, la diputada Ernestina Castro Valenzuela dio lectura a la iniciativa que presentan las y los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), relativo al punto de acuerdo que contiene la convocatoria general pública, en los términos que precisa la Ley 76 por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Explicó que se establecen las bases que deben cumplir las personas aspirantes a ocupar los cargos de magistrados, magistradas, jueces y juezas. Además, contempla que cada poder integre e instale sus Comités de Evaluación para garantizar la transparencia e imparcialidad en la elección de aspirantes.
Subrayó que en la postulación, elección y asignación de los cargos referidos se garantizará la paridad de género, y se comprobará se cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en la convocatoria, como: Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad; no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios, entre otros.
Castro Valenzuela mencionó que el Poder Ejecutivo del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán cuidar que el proceso de campaña de las y los candidatos a los diversos cargos, transcurran con seguridad y sin interferencias de cualquier institución o agente que puedan afectar la imparcialidad, equidad de la competencia y el ejercicio de los derechos político-electorales.
