Ciudad de México. A las propuestas del gobierno federal para remediar el río Sonora ante la contaminación provocada por Grupo México hace más de diez años, presentadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la semana pasada, les hacen falta incluir más puntos, como la integración de médicos toxicólogos para atender a los afectados o alertas sanitarias de contaminantes en mantos acuíferos para evitar su uso, señalaron activistas.
Al calificar esta iniciativa como positiva, Antonio Romo, miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora, destacó en entrevista con La Jornada que también es importante la emisión de la calendarización de todo el programa de remediación por parte del gobierno federal para verificar, garantizar y hacer cumplir cada uno de los acuerdos pactados con la finalidad de aplicar justicia ambiental en su totalidad en la comunidad afectada.
Si bien la propuesta buscará elevar el hospital comunitario de Ures a segundo nivel con una unidad de vigilancia epidemiológica ambiental, un laboratorio toxicológico y atención médica remota, Romo apuntó que es necesario incluir a especialistas que atiendan directamente a los pacientes intoxicados con metales pesados. Con 27 toxicólogos a nivel nacional, señaló que en Sonora se pueden formar a más médicos para dedicarlos a este caso.
Al tener ocho comunidades contaminadas y más de 24 mil afectados, la propuesta considera construir y operar plantas potabilizadoras en las zonas afectadas por el derrame, pero el también docente apuntó que se deben lanzar las alertas sanitarias porque los metales pesados continúan en el río de manera sedimentada o puede haber algún nuevo derrame ocasionado por la industria. Señaló que la cuenca debe ser dragada para su saneamiento.
“El monitoreo es muy importante para nosotros porque las autoridades no nos han presentado un análisis del agua del río Sonora o de los pozos en las comunidades. Esos estudios los hemos obtenido por transparencia”, comentó.
Agregó que se deben de hacer estudios toxicológicos a las garrafoneras de agua privadas y públicas porque no se les aplica y la población consume el líquido como si estuviera libre de contaminantes.
Al no ser considerado por el gobierno en la propuesta, demandó que Grupo México debe rendir cuentas a las autoridades para hacerse socialmente responsable de las afectaciones provocadas a la salud y al medio ambiente.
Señaló que en la reunión de la semana pasada a las autoridades les quedó claro que se debe crear un Plan de Justicia del Río Sonora, como fue el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui (2021), porque consideró que abrir un capítulo ambiental en el Plan de Justicia de Cananea, como lo pretende la propuesta, es distinto al no considerar con todos los puntos de remediación requeridos para la cuenca.
