Toluca, Méx. A lo largo de 12 años, el gobierno del estado de México ha pagado al consorcio Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades más de 8 mil millones de pesos, por un contrato de proyectos de prestación de servicios (PPS) para dar mantenimiento a las avenidas primarias y carreteras estatales libres de peaje, sin que aquélla haya cumplido con el servicio contratado.
Con la excusa de que la mayor parte de las vialidades pactadas ha sufrido algún tipo de alteración, la empresa, amparada en un cláusula del acuerdo, determinó no intervenir en esas vías, y de las 70 avenidas y carreteras del contrato, hoy sólo atienden ocho. Eso sí, la contraprestación mensual de casi 75 millones de pesos acordados, el gobierno la entrega puntualmente.
Diputados locales han demandado a la administración estatal rescindir el convenio a la sociedad mencionada –que integran Prodemex, del empresario Olegario Vázquez Raña, y Constructora Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa, contratista predilecto de Enrique Peña Nieto–, pues consideran que el pacto ha sido ventajoso y ha causado daños al erario, pues se paga por un servicio que no se presta.
Sin embargo, las autoridades estatales, hoy emanadas de Morena, han explicado que rescindir el contrato sería “complicadísimo”, pues el gobierno tendría que pagar una fuerte indemnización, que implicaría recursos públicos que ahora se destinan a otras prioridades.
En los últimos dos años del mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del estado de México (2005-2011) se impulsaron los denominados PPS. Se trató de un esquema de financiamiento para que particulares pudiera hacer obras o prestar servicios, a cambio de una contraprestación económica mensual o anual.
Así se construyeron en territorio mexiquense hospitales de alta especialidad, centros culturales, y se entregó a particulares la tarea de dar mantenimiento y conservación de caminos.
En 2010, se firmó el contrato con Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades para que en un periodo de 25 años se encargara de mantener 70 vialidades estatales en óptimas condiciones.
De 2010 a 2013 se hicieron varias modificaciones o adendas al convenio, y las 70 vías pactadas inicialmente se redujeron a 56.
Durante años, la administración estatal pagó puntualmente la contraprestación mensual a las empresas por conservar esas 56 vialidades en óptimas condiciones, pero conforme pasaron los años, fue notorio cómo diversas avenidas dejaban de recibir mantenimiento.
La causa fue que esas rúas o carreteras sufrían alguna alteración a su condición original; es decir, si se abrían para introducir alguna tubería o arreglos por terceros, eran excluidas del mantenimiento bajo la premisa de “no disponibilidad”.
Así quedó el Periférico Norte, una de las principales vialidades estatales, por donde diario circulan más 50 mil automóviles, que durante años no recibió mantenimiento pues su condición original fue alterada por la construcción del segundo piso denominado Viaducto Elevado Bicentenario que edificó OHL México, hoy Aleatica.
Comienzan pagos en 2013
Datos obtenidos vía transparencia revelan que en 2013 el gobierno mexiquense comenzó a pagar la contraprestación; ese año se entregaron 130.9 millones de pesos al consorcio que conforman Prodemex y Constructora Teya.
Un año después, la administración estatal desembolsó 543.6 millones; en 2015, 565.5 millones; en 2016, 577.4 millones de pesos; en 2017, 596.8 millones; para 2018 fueron 637.3 millones; 2019, 668.1 millones y en 2020, 687.1 millones.
Como se observa, el costo de la contraprestación sube cada año conforme al índice inflacionario.
El consorcio recibió 708.1 millones de pesos en 2021; en 2022, 759.8 millones de pesos; para 2023 se pagó la misma cantidad y en 2024, ya siendo Delfina Gómez de Morena, titular del Ejecutivo mexiquense, se pagaron 821 millones de pesos.
Para este año, la cifra alcanzó casi 900 millones de pesos, pues mensualmente se transfirieron 74.8 millones de pesos a la sociedad.
Convenio caro de cancelar
En el Congreso local, se han levantado voces que demandan a la administración estatal cancelar o rescindir esos contratos “leoninos”, como los calificó el ex director de la Junta de Caminos, Ariel Juárez.
“No es posible que sigamos regalando el dinero a estas empresas por no hacer nada”, recriminó la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón al secretario de Finanzas estatal, Óscar Flores, durante una reunión para analizar el presupuesto del próximo año.
“Algo se debe de hacer”, insistió la diputada, tras escuchar la excusa del funcionario de que cancelar el contrato era prácticamente imposible o “resultaría complicadísimo”, pues representaría pagar una fuerte suma de dinero a las empresas como indemnización”.
El titular de Finanzas reconoció que el convenio, como fue pactado, es muy ventajoso para el concesionario, pero reveló que se encuentra en negociaciones para llegar a un acuerdo que no resulte oneroso para el gobierno estatal.
Uno de los acuerdos a los que se llegó este año fue devolver la jurisdicción del Periférico Norte, que llevaba años sin recibir mantenimiento.
Gracias a que la administración mexiquense obtuvo de nueva cuenta la jurisdicción sobre esta vía, las laterales comenzaron este año a recibir mantenimiento y la gobernadora anunció que para 2026 iniciará un rencarpetamiento integral de los más de 22 kilómetros que la vialidad comprende, desde el ex Toreo Cuatro Caminos hasta Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli.
A diferencia de los más de 8 mil 354 millones que ha recibido Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades como pago de la contraprestación en estos 12 años, el gobierno del estado sólo le ha descontado en este periodo 19 millones de pesos por multas producto de incumplimientos.
Las multas anuales han sido en promedio de un millón 200 mil pesos, aunque casi alcanzaron los 3 millones de pesos en 2022.
El contrato que se signó con Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades en 2012 fue por 20 años, por lo que aún restan siete, en los que la administración estatal deberá seguir pagando la contraprestación que representa en la actualidad casi 900 millones de pesos anuales.
