Ciudad de México. La familia Weinberg, señalada de ser socia y prestanombres de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, deberá pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado por un presunto caso de corrupción, resolvió un tribunal de Miami, Florida.
Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg estaban involucrados en una demanda civil promovida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra García Luna, por haber usado su cargo y posteriormente sus influencias para desviar recursos públicos mediante contratos inflados en seguridad y tecnología.
El fallo que ordena a los Weinberg el pago de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano se suma a las sentencias de mayo de 2025 contra el ex funcionario federal y su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que pagaran 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares al Estado mexicano, el triple del dinero público que García Luna presuntamente desvió en contratos ilícitos a empresas de su propiedad o vinculadas a él.
Con la resolución en el caso de los Weinberg, el Estado mexicano tiene derecho a recibir 3 mil 67 millones de dólares en total derivado de este caso; la sentencia forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial, explicó la UIF.
Se consultó a comunicación social de la UIF si el Estado mexicano ya ha recibido algo de esos 2 mil 488 millones de dólares que forman parte de la sentencia de hace un año, o si sólo quedó en letra muerta, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Desde el sexenio pasado, la Secretaría de Hacienda, por conducto de la UIF, promovió un procedimiento civil en Estados Unidos para la recuperación de activos relacionados con un esquema ilícito de contratación pública vinculado al ex secretario de Seguridad Pública.
Según Hacienda, con documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional se acreditó la participación de personas físicas y morales en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos.
