Zacatecas, Zac. La minería en México se ha “vendido” ante la opinión pública y por la clase política durante las últimas cuatro décadas como un “sector estratégico, generador de riqueza, desarrollo y bienestar”, para expandir y establecer sus proyectos a lo largo y ancho del país con engaños discursivos para despojar a la nación de sus recursos naturales y yacimientos, señalaron investigadores, docentes, dirigentes sindicales y organizaciones civiles de comunidades afectadas por la extracción.
Expusieron lo anterior en el seminario nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia”, como contrapropuesta frente a la Reunión Internacional de Minería que del 24 al 27 de junio realizarán consorcios mineros en Zacatecas con el respaldo del gobierno de David Monreal, la Cámara Minera de México y las compañías vendedoras de equipos e insumos para el sector.
Abundaron en que la prosperidad y el bienestar sólo es para los empresarios y propietarios de las concesiones, porque en la realidad la aportación de la industria a las finanzas nacionales es marginal; no supera ni 1.5 por ciento del producto interno bruto, en cambio dejan severos daños ambientales en las comunidades donde se establecen.
En el seminario participaron los investigadores Victoria Beltrán, Leticia Merino, Beatriz Olivera, Rodolfo García Zamora y Carla Flores Lot, de las universidades Autónoma de Zacatecas y de la Nacional Autónoma de México, así como representantes de pueblos afectados.
Entre éstos últimos, Roberto de la Rosa Dávila de Salaverna, de Mazapil; Berenice López, de Concepción del Oro; Elda León, de los Comités de Cuenca del Río Sonora; Felipe Pinedo Hernández, del Frente Popular de Lucha de Zacatecas; Moisés Guerrero Pasillas, de La Colorada, Chalchihuites, y Laura Carreón Palau, del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos.
En dos décadas, 2 mil 500 permisos
Con argumentos estadísticos y análisis crítico, se denunció cómo más de 2 mil 500 concesiones autorizadas en las últimas dos décadas “se otorgaron sin notificar a los legítimos dueños de esos territorios.
“Las personas se dan cuenta de que sus predios tienen permisos para la actividad minera hasta que las empresas llegan para realizar trabajos de exploración; en ese momento, los dueños tienen que abandonar sus hogares y medios de vida, son desplazados a la fuerza”, señalaron.
Además de consumir enormes volúmenes de agua para sus procesos, el recurso natural se contamina permanentemente y las mineras “gozan de una deficiente regulación”.
A esto se suma la escasa capacidad estatal para vigilar el cumplimiento de la normatividad en esta materia, lo que propicia que se presenten accidentes con una alta incidencia, que van de los derrames de jales, derrumbes y percances laborales que cuestan la vida de los trabajadores por la negligencia de las compañías, deploraron.
Los procesos extractivistas, coincidieron los participantes, contribuyen a agudizar la desigualdad económica entre la población que habita en torno a los enclaves.
Un claro ejemplo se ve en los municipios donde operan las compañías que extraen los mayores volúmenes de oro y plata, pues presentan niveles de pobreza por encima de la media nacional, planteó la investigadora Beatriz Oliveira.
“De los 24 municipios productores de oro, 14 superan el promedio nacional de pobreza, como Mazapil, en Zacatecas; Eduardo Neri, en Oaxaca; San Juan, en Durango; Fresnillo, en Zacatecas, y Madera, en Chihuahua”, relató.
Asimismo, de las 30 demarcaciones con mayor explotación de plata en México, 23 presentan índices de pobreza por encima de la media nacional y concentran 75 por ciento de la producción nacional del metal
“Estos datos, luego de décadas de minería en los territorios, desmienten el discurso de que dicha industria genera desarrollo en los territorios y que es una opción para combatir la pobreza”, advirtió Oliveira.
El investigador Rodolfo García detalló cómo la industria tampoco genera un impacto significativo en las finanzas nacionales; en la última década la minería apenas aportó 1.45 por ciento del PIB nacional. “En casos como el de Zacatecas, por cada mil dólares que obtiene, sólo ocho centavos se quedan en la entidad.”
“Tampoco genera el gran número de empleos que presumen, pues aportan solo 0.62 por ciento a nivel nacional, y en Zacatecas, 70 por ciento de los trabajos asociados a la minería se realiza a través de outsourcing, es decir, no tienen seguridad social ni prestaciones básicas”, argumentó.
