La autoridad antimonopolio del país detectó desde hace al menos cuatro años la concentración en un puñado de empresas de la producción de material y documentación electoral, tema que ahora es un foco rojo para el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).
El 7 de julio de 2022, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) reveló “indicios de prácticas monopólicas absolutas”, como la manipulación de precios, restricción de la oferta, segmentación de mercados entre competidores y coordinación de posturas en licitaciones.
En julio de 2025 entró en vigor la reforma constitucional de simplificación orgánica que marcó la desaparición de la Cofece, y hace un año comenzó operaciones la Comisión Nacional Antimonopolio, aunque en ninguna parte de este proceso se dio a conocer el desenlace de la investigación sobre el desequilibrio del mercado de insumos electorales.
Al contrario, el problema persiste en un contexto de marcadas omisiones de las autoridades administrativas del INE, situaciones irregulares documentadas por el OIC y con varias indagatorias similares en curso.
Por ejemplo, para el contrato INE/007/2025 (urnas y mamparas especiales para la elección judicial de 2025), esa contraloría detectó que una de las empresas cambió su objeto social tres días antes de la licitación y hubo deficiencias en la investigación de mercado.
“Es como si yo vendo tornillos y de pronto puedo vender urnas electorales”, expuso ante legisladores el titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras.
Añadió que por el retraso en la entrega de materiales comprometidos, la ganadora del concurso debió haber sido sujeto a una pena convencional de 43 millones de pesos (en esta adjudicación directa de hasta 198.7 millones) pero el INE fijó la sanción en sólo 26 mil pesos.
En ese proceso compitieron ocho empresas, todas dominantes en el mercado: Cajas Graf, Tol Producciones, Plásticos y Metales MYC; Sadem, Comercializadora JVLY, Corporativo Zeg, Cartón Plast, así como Talleres Gráficos de México.
“Todos estos proveedores históricamente han dominado el mercado del material electoral. Los van a encontrar en el INE y en cualquier OPLE (organismo público local electoral). Esto quisiera señalarlo, porque este no es un asunto que pareciera, sí, coyuntural, pero más bien es un asunto histórico y estructural”, subrayó el contralor.
Además, la auditoría documentó que las empresas dominantes del mercado no cumplen con el personal requerido para ejecutar el contrato, y no se encontró la inscripción patronal al Instituto Mexicano del Seguro Social.
En este ejemplo, dijo, se muestrala práctica para inflar los precios en la investigación de mercado y que resulte ganadora la empresa acordada entre los supuestos competidores. Además, se encontró que la firma ganadora no tenía la capacidad técnica, económica ni operativa, acreditada de manera suficiente, por lo que presumen triangulación y subcontrataciones irregulares.
Sin embargo, los responsables de la dirección ejecutiva de Administración no comprobaron que los proveedores tuvieran los recursos necesarios y la capacidad de respuesta inmediata, aunque son requisitos en las bases del contrato.
En otra adjudicación directa, indicó Carvente, el instituto contrató a una empresa constituida meses antes del procedimiento; un funcionario del INE resultó ser socio de esa compañía y él mismo recibió los bienes “a entera satisfacción, sin inconveniente alguno”. La empresa no contaba con CFDI de compra (factura), por lo que se añade una posible simulación comercial.
Las irregularidades no son recientes ni se limitan a materiales electorales, pues el contralor citó entonces la revisión de un contrato por 372 millones de pesos emitido en 2021, dos años antes del inicio de la gestión de Guadalupe Taddei, en la cual se registraron pagos indebidos por 25.7 millones, que tendrían que reintegrarse, en la renovación del sistema de monitoreo de los espots de partidos políticos.
El anterior consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianelo, cuya gestión comenzó fue del 4 de abril de 2014 al 3 de abril de 2023, dijo esta semana en una entrevista para la radio que desde la creación del órgano, en 2014, la producción de boletas y materiales las tenía Talleres Gráficos de México (TGM), pero aseguró que en 2019, con la llegada de Jesús George al OIC, “presionó” para que la producción se diera con base en licitaciones públicas.
“Logramos un segundo acuerdo para que las boletas y actas se quedaran en TGM, pero los demás materiales se licitaron en el mercado viciado y oligopólico”.
Sobre Alfredo Hernández Casillas –integrante del oligopolio– dijo que en sugestión las empresas de “este personaje ganaron tres contratos menores”, por 40 mil y 87 mil pesos, y un tercero por 400 mil para la producción de marcadores de la credencial de elector. “Yo jamás cené con esos señores ni celebré contratos”, expresó.
