La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei
La dependencia presentó una denuncia penal ante la FGR contra la ex consejera presidenta del INE, según fuentes citadas por Reforma.
¿Qué pasó?
– El diario Reforma reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei Zavala, ex consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en el contexto de una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo.
– La UIF informó este 4 de noviembre sobre el bloqueo de cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, como resultado de la identificación de operaciones financieras consideradas de riesgo. La autoridad no reveló públicamente la identidad de las personas afectadas.
– La dependencia también informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles responsabilidades penales. El reporte oficial difundido hasta ahora no permite confirmar que la denuncia esté dirigida específicamente contra Taddei.
– La investigación ocurre después de que Taddei renunció como consejera presidente del INE el 25 de octubre, en medio de señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y contrataciones irregulares. La salida de la funcionaria no puso fin a las investigaciones sobre su administración.
– Paralelamente, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, anunció que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la FGR para investigar posibles delitos relacionados con la gestión anterior. Esta acción institucional es independiente de la denuncia presentada por la UIF.
¿Por qué importa?
– El caso trascendió el terreno administrativo. La intervención de la UIF y la presentación de denuncias penales trasladan las sospechas sobre las contrataciones electorales al ámbito de la investigación financiera y ministerial. Esto abre la posibilidad de examinar tanto la actuación de funcionarios como la de proveedores privados.
– Está en juego la credibilidad del árbitro electoral. Las investigaciones afectan a la institución encargada de organizar las elecciones federales y garantizar condiciones de imparcialidad. El desafío para el INE consiste en esclarecer las contrataciones cuestionadas sin comprometer la continuidad de sus funciones constitucionales.
Detalles:
– Contratos por 2,461 millones de pesos. El Órgano Interno de Control del INE identificó que cinco empresas vinculadas entre sí recibieron contratos de suministro electoral por ese monto entre 2014 y 2025, principalmente en 27 organismos públicos locales electorales. Las compañías habrían simulado competir entre ellas.
– Empresas bajo investigación. Entre las firmas señaladas figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. Según la investigación del órgano de control, las compañías compartían representantes legales y socios, situación que plantea posibles irregularidades en los procedimientos de contratación.
– Funcionarios investigados. El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó sobre el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves contra cinco personas. No reveló sus identidades. Las primeras irregularidades fueron detectadas desde mayo de 2025.
– Renuncias en la estructura directiva. Hasta el 3 de noviembre se habían reportado 30 renuncias de funcionarios del INE, 17 de ellas correspondientes a personal de la oficina de Taddei. La presidenta provisional, Blanca Cruz, señaló que la revisión institucional abarcaría distintos niveles de responsabilidad.
▪️ Contexto:
– 21 de octubre: Se difundió que la UIF investigaba una red de siete empresas proveedoras de organismos electorales por posibles operaciones irregulares, triangulación de recursos y simulación de competencia. Los primeros reportes mencionaron 70 cuentas bancarias bloqueadas.
– 27 de octubre: El Partido Acción Nacional presentó una denuncia de hechos ante la FGR por seis posibles delitos federales relacionados con contrataciones del INE. Su dirigente, Jorge Romero, solicitó investigar a funcionarios, particulares y empresas involucradas, independientemente de la renuncia de Taddei.
– 4 de noviembre: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anunció una denuncia penal contra Guadalupe Taddei, José Alfredo Hernández Casillas y otros involucrados, por presuntos delitos entre los que mencionó cohecho y tráfico de influencias. Esta acción constituye otro expediente de denuncia distinto al promovido por la UIF.
– Este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la facultad de la UIF para bloquear cuentas en investigaciones nacionales cuando existan indicios razonables y suficientes. La Corte estableció que se trata de una medida administrativa preventiva, sujeta a revisión judicial, y no de una sanción penal definitiva.
