Hermosillo, Sonora
La diputada de MORENA y presidenta de la Comisión Especial del Isssteson mencionó que se citó al director general del instituto de salud, Pedro Ángel Contreras López, al secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos y el rector de la Universidad de Sonora, Enrique Velázquez Contreras para brindar un informe sobre el convenio de pago de pensiones, sin embargo, de manera injustificada informaron no poder asistir a la reunión prevista para este jueves a las 16:00 horas.
Puntualizó que debe prevalecer el interés de los funcionarios estatales por brindar una solución definitiva al problema que aqueja a los sindicatos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).
“Para poder rendir y dar cuentas a la ciudadanía necesitamos mantener un diálogo entre las tres partes. Es injustificable que autoridades de la Universidad de Sonora, Isssteson y Secretaría de Hacienda no prioricen la importancia de este problema, quiero pensar en que la justificación va encaminada en que están en una negociación para poder llegar a términos positivos de este problema”, declaró.
Mancha Ornelas aseveró que pudieran trabajar en una reforma a la Ley 38, siempre y cuando no se trastoque los derechos de los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
La Comisión, subrayó, tiene como objetivo elaborar un diagnóstico general de la situación financiera del Isssteson, detectar las áreas de oportunidad donde se mejore la prestación de los servicios de los derechohabientes y sus familias, implementar estrategias ante el quebranto financiero e informar ante el pleno del Congreso del Estado avances que se vayan teniendo.
Así mismo, esclarecer de la situación financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y determinar en qué se utilizaron los recursos faltantes.
El acceso a la salud constituye un derecho humano protegido por la legislación, como autoridad existe la obligación de realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para garantizar dicha prerrogativa, misma que exige el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puntualizó
