Sombrerete, Zac., La incapacidad de Alimentación para el Bienestar –antes Segalmex–, para poner en operación 52 centros de acopio de frijol en Zacatecas, principal productor de la leguminosa en el país, ha puesto en jaque a decenas de miles de campesinos, a quienes urge vender al menos una parte de sus cosechas para pagar deudas y tener liquidez al finalizar el año; es una deficiencia burocrática que aprovecha un nuevo grupo de intermediarios o coyotes:
Se trata de los “señores”, eufemismo con el que los agricultores se refieren con prudencia a los integrantes del crimen organizado que controlan la región frijolera de Zacatecas y Durango, y poco a poco –desde hace tres años–, han obligado a los campesinos a venderles sus cosechas a muy bajos precios, determinando, además, quiénes pueden o no acopiar y vender su frijol en los centros oficiales de Alimentación para el Bienestar, para así alcanzar el precio de 27 pesos por kilogramo que sólo ahí se paga.
Fuera de los centros de acopio, los “señores” y sus operadores controlan caminos rurales y carreteras para vigilar hacia dónde se movilizan los embarques de frijol, estableciendo un enorme polígono de “seguridad”, con células de pistoleros que detienen a los campesinos que quieren sacar sus cosechas a otros municipios o estados.
Obligan a los agricultores a regresar a sus poblados para que las vendan a los nuevos intermediarios, temidos por el campesinado y sus familias, quienes les pagan un precio irrisorio de entre cinco y siete pesos el kilogramo de frijol. Es decir, 20 pesos menos que el de garantía.
La Jornada recorrió la zona donde se ubican las principales comunidades rurales productoras de la leguminosa en el municipio de Sombrerete: Charco Blanco, González Ortega y Colonia Hidalgo, para verificar cómo operan los centros oficiales de acopio y confirmar la problemática denunciada por los labriegos.
Los centros de acopio están “abiertos” pero no operan. De los 52 almacenes de Alimentación para el Bienestar en la entidad sólo recibe frijol el de la Colonia Hidalgo, pero de forma selectiva, a un pequeño porcentaje de productores.
Nadie da explicaciones en el lugar. El miedo y la zozobra que han impuesto los “señores” de la delincuencia organizada tiene silenciados a los campesinos. Algunos revelan la anomalía, sólo en corto, off the récord. Pocos se atreven a hablar, porque paradójicamente, al finalizar el año no tienen dinero, a pesar de que todos levantaron cosechas extraordinarias.
En los patios de maniobras del centro de acopio de Alimentación para el Bienestar de la colonia Hidalgo, en Sombrerete (que otrora fueran almacenes de Conasupo y luego de Segalmex), con valentía y dignidad, algunos campesinos ofrecieron su testimonio a este diario. El productor José Antonio Reséndiz Villegas, quien tiene su parcela en la comunidad ex Hacienda de Zaragoza, opinó sobre la problemática:
“Tenemos bastante frijol, gracias a Dios, pero desgraciadamente anda por los suelos. Ahorita el precio aquí corre a siete pesos, pienso que no es justo. Es de dar tristeza de que no salen ni cabrones 500 pesos de un costal de 60 kilogramos”.
Reconoció que sí ha podido ingresar al centro de acopio, pero sólo una parte ínfima de su cosecha de tres toneladas del grano, pues sólo le aceptaron y pagaron 500 kilos, a 27 pesos el kilo, pero el resto, dos toneladas y media, “lo voy a tener que malbaratar”, lamenta.
Con 70 años de edad a cuestas, refiere que antaño participó en “la lucha del precio del frijol… pertenecí al movimiento de El Barzón, vengo de allí, he sido perredista, ahorita estoy en Morena”. Reséndiz Villegas propuso al gobierno federal aumentar el volumen de frijol que acopia a los campesinos de México –en Sombrerete hay quienes, como él, cosechan hasta tres toneladas de frijol por hectárea–, y que, en lugar de 500 kilos, el gobierno federal acopie “por lo menos una tonelada, para sacar los costos de producción”.
Enorme importación de granos del extranjero
Expuso su inconformidad ante la enorme importación de granos del extranjero, principalmente de frijol y maíz: “le digo, estuve en El Barzón, nosotros nos oponíamos al mercado libre… desde que México entró al libre comercio, de ahí nos fuimos para abajo. Antes, cuando estaba otro partido en el gobierno, traíamos nuestro frijol (a la Conasupo), y nos lo compraban todo, y si tenía impurezas, pues nos castigaban un poco el precio, pero se acopiaba muchísimo mejor”.
José Antonio Reséndiz, quien hace años, en dos ocasiones, enfrentó denuncias penales por haber participado en la toma de carreteras federales para exigir apoyos para la comercialización de frijol, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejar de importar este alimento del extranjero: “primero que se compre todo lo que producimos en México, y lo que nos falte en el país, entonces sí tráigalo de otras naciones. Pero que primero nos compre a los agricultores locales”.
Por su parte, el productor Laurencio Salazar –afligido, tras muchas horas de permanecer en inmediaciones del centro de acopio de colonia Hidalgo–, a quien los encargados en el lugar ni siquiera le han querido vender los costales “oficiales” para llevar ahí su frijol (una condición previa para llevar a ese sitio su cosecha), también dio su testimonio a La Jornada sobre el problema que él considera tiene un trasfondo “legal”:
“Legalmente no sé cuáles son los problemas, lo único que sé es que vengo aquí y me dicen que no hay costales. Aunque parece que el único centro abierto es aquí en la colonia Hidalgo. Alrededor –en Sombrerete–, tenemos muchos más lugares de acopio, pero aún están cerrados.”
Salazar consideró que con las reglas de operación, el acopio oficial de 500 kilos de frijol por productor es insuficiente, debería ser al menos de una tonelada por cada hectárea, “eso nos daría para medio sobrevivir”.
Dijo que en promedio los campesinos tienen parcelas de entre cinco y 20 hectáreas, y se resisten al hecho de que el “excedente” que no puedan acopiar, deben venderlo sólo a los “señores” intermediarios. Lo que va a pasar en realidad con la mayor parte de sus cosechas, reclama, es que “nos la van a quitar”, al obligarlos la delincuencia a ven-der entre siete o cinco pesos el kilo.
“Por fuera te lo van a quitar a cinco pesos el kilo, prácticamente nos van a matar, hasta hambre tendremos al rato, porque a ese precio en una injusticia. No sale ni siquiera para pagar lo de levantar y lo de la trilladora. ¿Quién va a cubrir el diésel, la semilla, el deshierbe, todo el trabajo?
Cuando La Jornada solicitó hablar con el responsable del centro de acopio de la colonia Hidalgo, para conocer su funcionamiento y obtener una postura sobre las quejas de los labriegos, un hombre muy joven, encapuchado, salió de la oficina, y atajó: “no puedo hablar, no puedo decir nada… pregunte allá en México”, planteó al reportero. Sin embargo, no impidió que este corresponsal recorriera las bodegas y tomara fotografías.
Esta es la problemática que enfrentan miles de campesinos zacatecanos, los principales productores de frijol del país, que están literalmente secuestrados con sus cosechas en sus comunidades, forzados a vender la mayor parte de sus cosechas a los “señores” y su “gente”, que controlan la región donde, por cierto, no se ve patrullar a policías de ninguna corporación, ni a militares.
