CIUDAD DE MÉXICO.
Los candidatos a la Presidencia de la República llegan al primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con posiciones definidas en materia de seguridad pública y combate a la corrupción, temas que serán abordados por los aspirantes en la mesa de discusión de mañana.
Las posturas más polémicas son las del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien en diciembre de 2017, en gira por Guerrero, no descartó ofrecer amnistía a los líderes del narcotráfico, con tal de garantizar la paz en
la República.
Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas; no descartamos el perdón. Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”, afirmó.
El tabasqueño también ofreció en febrero, en Querétaro, que de ganar las elecciones no perseguirá a nadie ni habrá venganzas, porque lo que hace falta en México es unidad para enfrentar los grandes problemas nacionales.
En enero, había dicho que estaba dispuesto a “perdonar” y “fumar la pipa de la paz” con Carlos Salinas de Gortari y el presidente Enrique Peña Nieto, así como con empresarios, a quienes ha acusado de pertenecer a “la mafia del poder”.
Respecto a la corrupción, ha señalado que se eliminará como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, y que no permitirá actos indebidos de nadie en el gobierno.
La postura de Ricardo Anaya sobre el tema de seguridad es que se debe cambiar la estrategia, para que no se utilice sólo la fuerza sino también los sistemas de inteligencia en el combate al crimen organizado.
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente reconoce que con la situación actual del país, es imposible regresar en este momento a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, por lo que se debe trabajar para fortalecer y depurar las policías locales.
En materia de corrupción, Anaya Cortés tiene una estrategia de cuatro puntos: crear un nuevo sistema de fiscalización de dinero en la política; eliminar el uso de dinero en efectivo en los tres órdenes de gobierno; crear una plataforma virtual portátil que permita seguir los recursos públicos permanentemente, e insistir en la Reforma al artículo 102 constitucional, a fin de contar con una Fiscalía General autónoma e independiente
del poder político.
José Antonio Meade cuenta con una estrategia de seguridad de cinco puntos: pegarle a la delincuencia donde le duele, incautar el dinero, los bienes y las armas del crimen organizado; homologar las leyes y las instituciones a nivel estatal y federal, para que los delitos sean investigados y castigados bajo un mismo criterio.
