México. Los litigios de más de una década son parte de la historia de Grupo Salinas. Entre sus pleitos más antiguos, perdidos ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno se remonta a 2008, pero hace siete años, al inicio de la pasada administración, el grupo empresarial arrastraba juicios de 2001, según relatan los informes financieros de las compañías que hasta ayer eran su principal activo: Tv Azteca y Elektra.
El conglomerado que preside Ricardo Salinas Pliego, como muchos otros grandes contribuyentes del país, tuvo por décadas el cobijo de la consolidación fiscal, mecanismo nacido en 1982, el cual permitía a los grupos empresariales hacer contabilidad cruzada entre sus firmas para presentar un resultado único al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las pérdidas por compras de acciones de negocios moribundos fue uno de los esquemas del que echaban mano para maquillar sus utilidades y así pagar menos impuestos, según un análisis del organismo, que no señala a alguna compañía en particular. Tal fue “el abuso” detectado por administraciones anteriores que se hicieron modificaciones al esquema para acotar su flexibilidad para la evasión de impuestos.
En el caso de Elektra, las reformas fiscales de 2010 y 2014, en concreto los cambios respecto al régimen de consolidación, resultaron un golpe de timón a la hora de compensar los estados financieros. La mayoría de los créditos hacendarios que arrastra la empresa le fueron impuestos durante la administración de Enrique Peña Nieto, luego de revisiones realizadas en el sexenio de Felipe Calderón.
El adeudo de mayor peso que tiene Grupo Salinas responde a las pérdidas inexistentes por la compra de acciones en los ejercicios 2008, 2010, 2011 y 2012, que terminaron por estallar en 2013 con un crédito fiscal –como se denomina a los pasivos que el SAT reclama a los contribuyentes–, el cual en un principio ascendía a 18 mil 455 millones de pesos, según los informes que el conglomerado envía a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Al cierre de 2018, con el cambio de administración en puerta y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, Tv Azteca y Elektra exponían los efectos que los ajustes y cese del esquema de consolidación fiscal habían tenido en sus balances, pero también reportaban querellas derivadas de otros asuntos.
Al cierre de 2018, la televisora litigaba 5 mil 443 millones de pesos por pasivos que el SAT le reclama desde años, uno de ellos desde 2001; Elektra disputaba 14 mil 8 millones de pesos. Estos casi 20 mil millones de pesos no representan todos los préstamos fiscales identificados hasta el momento, sino los que ya estaban en tribunales o a un paso de salir de ellos.
En ese momento, Salinas Pliego se hizo un espacio en el Consejo Asesor Empresarial de López Obrador, quien en los primeros meses de su gobierno hizo públicas unas listas con presuntos adeudos de grandes contribuyentes.
Hubo resistencias, pero al final desfilaron en la BMV los eventos relevantes avisando que Walmart, BBVA México, Grupo Modelo, América Móvil, IBM, FEMSA y Grupo BAL, entre otros corporativos, entregarían contribuciones multimillonarias al SAT, en algunos casos por acuerdos conclusivos vinculados a créditos fiscales.
El combate a los privilegios de los grandes contribuyentes se volvió una de las principales narrativas del gobierno anterior, y se llevó a la Constitución con una reforma al artículo 28, el cual, desde el 7 de marzo de 2020 establece que están prohibidas “las condonaciones y exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes”.
¿Qué sigue?
Derrotado en las instituciones nacionales –y al margen de que el corporativo pueda recurrir a alguna instancia internacional–, sigue que la SCJN notifique al SAT su resolución. Con la sentencia firme, el organismo puede determinar el monto de los créditos, aplicando incluso una serie de supuestos en los que se permiten deducciones.
Ante el anuncio de que la Corte discutiría sus asuntos esta semana, Grupo Salinas dio por perdida la batalla y su principal directivo amedrentó con llevarse “su dinero” del país. La riqueza estimada del empresario asciende a 134 mil 450 millones de pesos. Su adeudo con las finanzas públicas de México: 74 mil millones de pesos.
