La reciente aprobación en el Senado de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar ha generado cuestionamientos sobre un posible uso dirigido de los recursos de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) hacia proyectos gubernamentales. Sin embargo, la legislación no modifica el régimen de inversión vigente ni establece una obligación para que estas instituciones destinen un porcentaje específico de los ahorros de los trabajadores a obras públicas.
Actualmente, el marco regulatorio permite a las Afore invertir hasta 30 por ciento de sus activos en instrumentos estructurados, categoría en la que se encuentran proyectos de infraestructura. Este límite, definido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), no fue alterado con la nueva ley.
La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) hizo énfasis en que dicho tope “ya existía” y la reforma “no lo modifica, no lo amplía ni lo hace obligatorio”; es decir, las Afore siguen teniendo libertad de inversión, siempre y cuando ésta se apegue al actual régimen de inversión.
El organismo explicó que toda inversión se realiza conforme a la normatividad vigente, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), y que desde octubre de 2024 dicha entidad actualizó el régimen de inversión de las Afore para ampliar el límite en instrumentos estructurados hasta 30 por ciento de los activos según la sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro (Siefore).
“Este techo regulatorio ya existía. La nueva ley opera dentro de ese marco”. Tampoco se habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro. Lo que sí se hace es crear el marco jurídico para que proyectos de infraestructura productiva puedan estructurarse con reglas claras”, apuntó la Amafore.
Los instrumentos estructurados son vehículos de inversión a largo plazo que financian proyectos específicos como infraestructura, energía, sector inmobiliario y capital privado. Al cierre de febrero de 2026, de acuerdo con datos oficiales, representan en promedio 7.64 por ciento de la cartera de inversión de las Afore. De acuerdo con la ley, el tope de inversión en este rubro es de 30 por ciento, lo que significa que las Afore no aprovechan ni la mitad.
Un especialista en pensiones que prefirió no ser citado señaló que la reforma se debió a que para el gobierno hay un “hueco” de inversión de casi un billón de pesos que las Afore podrían estar inyectando al desarrollo nacional, pero hoy prefieren invertir en instrumentos más seguros o líquidos (como bonos gubernamentales o deuda extranjera).
Su argumento para no invertir más, explicó, es que no siempre hay proyectos con la estructura legal y financiera idónea para garantizar que el dinero de los trabajadores esté seguro; por ello, la nueva ley busca facilitar que esos recursos se canalicen hacia proyectos estratégicos, al contribuir a disminuir la “indecisión” de las administradoras.
De acuerdo con datos de la Consar, de los 8.2 billones de pesos que administran las Afore, 2.2 billones de pesos están invertidos en sectores productivos de la economía nacional. Por ejemplo, al cierre del año pasado, 309 mil 580 millones de pesos estaban en infraestructura, que incluyen apartados de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Otros 146 mil 122 millones están en proyectos de la banca de desarrollo y 112 mil millones de pesos en las empresas productivas del Estado.
La Amafore hizo énfasis en que las Afore invertirán en infraestructura cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo que exige su mandato. La Consar fue consultada, pero al cierre de esta edición no había hecho algún comentario.
