Ciudad de México. – El recién retirado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien ahora forma parte de la corriente de la Cuarta Transformación (4T), continúa recibiendo críticas por mantener lo que se ha denominado como una “pensión dorada”, incluso después de su salida del máximo tribunal.
De acuerdo con información publicada por Expansión Política, Zaldívar no ha decidido renunciar al cuantioso haber de retiro vitalicio al que tiene derecho, según lo estipulado en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque el exministro no gozará de un retiro completo debido a sus 14 años de servicio, percibirá al menos 192,461 pesos mensuales libres de impuestos, correspondientes al 93.3% de su periodo en el cargo.
Es importante destacar que, además de su remuneración mensual, Zaldívar recibirá la parte proporcional de su aguinaldo en diciembre, sumando un total de 371,090 pesos por casi 11 meses trabajados. Adicionalmente, se le otorgará un “pago por riesgo” de 416,754 pesos, lo que resultará en ingresos de al menos 980,305 pesos para finales de año, a pesar de ya no estar en funciones.
A partir de 2025, el ministro retirado podrá disponer de ingresos anuales por 2.3 millones de pesos libres de impuestos durante los dos primeros años de su retiro. Sin embargo, este monto se incrementará a poco más de 3 millones de pesos si se suman los beneficios de aguinaldo y bono por riesgo.
Cabe destacar que la decisión de Zaldívar de mantener estos beneficios ha generado críticas tanto dentro como fuera de la 4T. Partidarios de la transformación han señalado la incongruencia de recibir privilegios que contradicen la narrativa de austeridad y crítica a la “burocracia dorada” promovida por la 4T.
Para expertos jurídicos como Tito Garza Onofre, la decisión de Zaldívar de renunciar a la Corte y unirse a un proyecto político representa una falta de principios y una interpretación elusiva de la ley. Estos expertos sugieren que, si Zaldívar aspira a formar parte de un movimiento que cuestiona estos privilegios, debería renunciar a la pensión que le corresponde y esperar al menos dos años, conforme a lo estipulado en la Constitución.
En este contexto, la polémica en torno a la “pensión dorada” de Arturo Zaldívar pone de manifiesto tensiones entre las decisiones individuales de los altos funcionarios y las expectativas de austeridad y congruencia ética promovidas por la 4T.
