Boston. Los fiscales generales estatales demócratas y los abogados del gobierno discutieron el viernes sobre las implicaciones de la propuesta del presidente Donald Trump para reformar las elecciones en Estados Unidos y si los cambios podrían implementarse a tiempo para las elecciones intermedias del próximo año, cuánto costaría a los estados y, más en general, si el presidente tiene derecho a hacer algo de esto.
Los principales funcionarios de aplicación de la ley de 19 estados presentaron una demanda federal después de que el presidente republicano firmara la orden ejecutiva en marzo, diciendo que sus disposiciones interferirían con el poder de los estados para establecer sus propias reglas electorales.
Durante una audiencia en el Tribunal Federal de Distrito en Boston, los abogados de los estados dijeron a la jueza Denise J. Casper que los cambios descritos en la orden serían costosos y no podrían implementarse rápidamente. Actualizar la base de datos de registro de votantes solo en California le costaría al estado más de 1 millón de dólares y podría tomar hasta un año, dijo el abogado principal de los estados, Kevin Quade, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de California.
Los abogados dijeron que realizar los cambios quitaría tiempo a la preparación para la próxima ronda de elecciones, lo que podría socavar la confianza pública en el proceso de votación.
“Las disposiciones de la orden ejecutiva generan dudas y sombras sobre la capacidad de los estados para implementar de manera justa las elecciones federales a nivel local, y esos tipos de daños a la buena voluntad y la reputación… no son del tipo que se puedan reparar fácilmente”, expresó Quade.
La directiva electoral de Trump formó parte de la serie de órdenes ejecutivas que emitió en los primeros meses de su segundo mandato, muchas de las cuales han enfrentado impugnaciones legales. Esto se produce tras años de afirmaciones falsas de que su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 se debió a un fraude generalizado y un año electoral en el que él y otros republicanos promovieron la idea de que un gran número de no ciudadanos amenazaban la integridad de las elecciones en Estados Unidos. De hecho, el voto de no ciudadanos es raro y, cuando se detecta, puede generar cargos por delitos graves y deportación.
La orden ejecutiva requeriría que los votantes muestren prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en elecciones federales, prohibiría que se cuenten las boletas por correo o en ausencia si se reciben después del Día de las Elecciones, establecería nuevas reglas para el equipo de votación y prohibiría a los no ciudadanos de Estados Unidos donar en ciertas elecciones. También haría que la financiación de subvenciones federales para elecciones dependa de que los estados cumplan con la estricta fecha límite para las boletas.
La abogada del Departamento de Justicia, Bridget O’Hickey, dijo que la orden busca proporcionar un conjunto único de reglas para ciertos aspectos de las operaciones electorales en lugar de tener un mosaico de leyes estatales.
“La confianza pública en las elecciones es fundamental para el éxito de la república, y el gobierno cree que la mejor manera de lograrlo es tener procedimientos uniformes”, manifestó.
Dijo que el daño que argumentan los estados es mera especulación.
La demanda es una de tres que se han presentado contra la orden ejecutiva. Una fue interpuesta por Oregon y Washington, donde las elecciones se realizan casi en su totalidad por correo y las boletas recibidas después del Día de las Elecciones se cuentan siempre que tengan el matasellos de esa fecha.
La disposición que crearía un requisito de prueba de ciudadanía para las elecciones federales ya fue detenida en una demanda presentada por grupos de derechos civiles y de votación y organizaciones demócratas nacionales. El juez dijo que el intento del presidente de usar una agencia federal para establecer un requisito de prueba de ciudadanía para votar usurpaba el poder de los estados y del Congreso.
En la audiencia del viernes, donde los estados presentaron argumentos para una orden judicial preliminar, la exigencia de la orden ejecutiva de que solo se cuenten las boletas recibidas para el Día de las Elecciones atrajo considerable atención de ambas partes.
Al defender la disposición, O’Hickey dijo que las boletas enviadas por correo recibidas después del Día de las Elecciones podrían ser manipuladas de alguna manera. Sugirió que las personas podrían recuperar sus boletas y alterar sus votos basándose en lo que ven en los primeros resultados.
Se necesitan fechas límite uniformes para recibir sufragios, dijo, “para prevenir la reemisión de boletas”. No estaba claro cómo podría suceder tal cosa. Los estados tienen numerosas medidas de seguridad para garantizar que los votantes elegibles emitan solo una boleta que se cuente.
Respondiendo por los estados, la fiscal general adjunta de California, Anne Bellows, dijo que todas las boletas recibidas después del Día de las Elecciones requieren un matasellos que muestre que fueron enviadas en o antes de esa fecha, y que cualquier boleta enviada después no contaría.
“Simplemente no hay un mundo en el que se otorgue una diferencia significativa a los votantes ausentes que no se dé a los votantes que votan en persona”, señaló.
El argumento del gobierno para poner una fecha límite nacional a las boletas va en contra del enfoque de los republicanos a nivel nacional, quienes en los últimos años han criticado a los demócratas por “extralimitación federal” cuando ofrecen propuestas que buscan ciertos estándares de votación uniformes.
La orden ejecutiva también encarga a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos que actualice el formulario de registro federal de votantes para que exija que las personas presenten documentación que demuestre que son ciudadanas estadounidenses. Disposiciones similares implementadas previamente en un puñado de estados han generado preocupaciones sobre la privación de derechos a los votantes que, de otro modo, serían elegibles y que no pueden acceder fácilmente a esos documentos. Entre ellos están las mujeres casadas, quienes necesitarían un certificado de nacimiento y una licencia de matrimonio si hubieran cambiado su apellido.
El Departamento de Justicia argumentó que la orden ejecutiva de Trump forma parte de su autoridad para ordenar a los funcionarios “que cumplan con sus deberes legales”, y agrega que “los únicos posibles votantes a los que despoja de sus derechos son los no ciudadanos que, de todos modos, no son elegibles para votar”.
