Tijuana, BC., El Congreso estatal aprobó una reforma a la Ley de Ingresos de San Quintín que exenta del pago de derechos municipales a trabajadores agrícolas y personas pertenecientes a pueblos originarios que busquen regularizar sus propiedades.
La iniciativa fue avalada con 21 votos a favor y ninguno en contra durante sesión ordinaria del pleno.
La medida busca facilitar el acceso a vivienda social y procesos de regularización territorial, atendiendo rezagos identificados en materia de patrimonio, infraestructura urbana y servicios esenciales.
La exención de 100 por ciento cubre diversos derechos relacionados con factibilidad de uso del suelo, deslinde y verificación catastral, así como asignación de clave catastral urbana en nuevos fraccionamientos, eliminando cargas económicas que obstaculizaban la formalización de asentamientos.
Julia Andrea González Quiroz, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que la reforma contribuye al Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, al combatir barreras económicas que impedían el acceso a trámites de regularización y servicios públicos básicos.
La dispensa contempla como requisitos específicos que los beneficiarios sean residentes, trabajadores agrícolas o integrantes de pueblos originarios; además la propiedad a regularizar no podrá exceder 500 metros cuadrados, el valor fiscal no deberá superar 10 mil Umas y cada persona solicitante sólo podrá regularizar un predio.
El Congreso consideró que la medida es congruente con la Constitución mexicana, pues garantiza el derecho a una vivienda adecuada, al quitar obstáculos económicos que afectaban especialmente a sectores en situación de vulnerabilidad social y patrimonial.
Tranquilidad a las familias sobre su patrimonio
La presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano, de Morena, explicó –durante una comparecencia previa en la Comisión de Hacienda– que regularizar la tierra significa brindar certeza jurídica y tranquilidad a las familias sobre el patrimonio que han construido durante años.
“Deberán acreditar que se encuentran formalmente incorporadas a un procedimiento de regularización ante las instituciones competentes y dentro de las acciones, programas o proyectos derivados del Plan de Justicia para las Personas Trabajadoras Agrícolas de San Quintín”, refirió.
La exención no representa una condonación generalizada, no implica la entrega de terrenos y tampoco elimina los requisitos técnicos, jurídicos, ambientales, urbanos o de protección civil. Cada expediente deberá cumplir con la normatividad y ser validado por las instancias correspondientes.
La regularización también permitirá generar las condiciones jurídicas necesarias para avanzar en la introducción de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, drenaje y alumbrado, además de contribuir a una mejor planeación y ordenamiento de las comunidades.
