CIUDAD DE MÉXICO
Con cuatro votos a favor y uno en contra se emitió la resolución del juicio de amparo 364/2018 que interpuso el Comité de Cuenca del Río Sonora (CCRS), de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Báviácora y Ures, afectados -el 6 de agosto de 2014- por el derrame de 40 millones de litros de lixiviados tóxicos a los ríos Sonora y Bacanuchi, por parte de Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.
En este recurso legal interpuesto en marzo del 2016, los pobladores reclamaron a los ministros su derecho a participar en temas medioambientales.
Este fallo es trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las comunidades aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
sE SUMAN A DEMANDA
Luis Miguel Cano, abogado de Poder, organización que acompaña a los CCRS, comentó que prominentes organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, se sumaron a esta demanda ante la SCJN, quienes entregaron un Amicus Curiae, documento dirigido a los ministros donde exponen los elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, para apoyar el amparo interpuesto por los habitantes de Bacanuchi.