-Se establecen medidas para salvaguardar el bienestar emocional de las infancias.
Hermosillo, Sonora; .- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó el pasado viernes el dictamen que contiene la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Marcela “Maval” Valenzuela Nevárez, mediante la cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, para evitar la revictimización de menores que intervienen en procesos judiciales.
La legisladora de Morena explicó que la propuesta fortalece el marco jurídico estatal en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en lo relacionado con su participación en procedimientos judiciales, ya sea en calidad de víctimas o testigos, con el fin de garantizar su bienestar emocional, psicológico y su sano desarrollo integral.
“Se incorpora el principio de no revictimización, mediante el cual las autoridades jurisdiccionales deberán adoptar medidas que eviten exposiciones reiteradas, interrogatorios innecesarios o actuaciones que puedan generar daños emocionales adicionales a las personas menores de edad involucradas en procesos judiciales”, señaló.
Valenzuela Nevárez indicó que la reforma busca que la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales se limite estrictamente a lo indispensable, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez y evitando que su intervención represente una carga emocional derivada de conflictos legales.Asimismo, destacó que la iniciativa se sustenta en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo primero, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Subrayó que la iniciativa aprobada retoma criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tesis del Poder Judicial de la Federación, en las que se establece que la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales debe realizarse bajo estrictas medidas de protección, evitando exposiciones innecesarias y garantizando que no se afecte su estabilidad emocional.
