La presidenta de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, Rebeca Silva Gallardo, dio lectura al proyecto de decreto que aprueba las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción presentados por diversos ayuntamientos del estado para el ejercicio fiscal del año 2022.
La legisladora por Morena explicó que 29 ayuntamientos presentaron las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, cuyas tasas y tarifas estarán contempladas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de cada Municipio para el ejercicio fiscal del año 2022.
Detalló que los municipios de Arizpe, Agua Prieta, Benjamín Hill, Huépac, Magdalena, Sahuaripa y Sáric no presentaron incremento en sus valores catastrales, mientras que Opodepe, Caborca San Miguel de Horcasitas, Altar, Bacanora y Santa Cruz presentan diferentes incrementos que no superan el cinco por ciento, mientras que Baviácora, Nacozari de García, Carbó, Ónavas, La Colorada, Oquitoa, Cucurpe, Pitiquito, Granados y San Ignacio Río Muerto, propusieron un incremento de cinco por ciento a los valores catastrales.
Explicó que los municipios de Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme y Hermosillo hicieron propuestas con diversos incrementos de acuerdo a sus propios estudios, y Huatabampo presentó una propuesta para predios urbanos y rurales colindantes con playas, centros urbanos ejidales y tipología de construcción de cinco por ciento; la creación de nuevas bandas de valor y nuevas categorías de terrenos rústicos colindantes con playas y/o potencial turístico.
Silva Gallardo resaltó que los municipios que no presentaron propuestas de planos y tablas de valores para el ejercicio de 2022, les será aplicado el supuesto establecido en el artículo 51 de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora, en el sentido de que continuarán vigentes los anteriores y sus valores se incrementarán a partir del primero de enero, con el indicador inflacionario contemplado en dicho ordenamiento jurídico.
