El gobierno de Justin Trudeau prohibirá que los extranjeros no residentes en Canadá puedan comprar viviendas al menos hasta el 2025, como medida para controlar los precios inmobiliarios, que se han disparado en los últimos años tras la pandemia de covid-19 y el impulso de la burbuja inmobiliaria en varios países del mundo.
La medida, que entró en vigor el pasado 1 de enero, se aprobó tras haberse producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores extranjeros que han generado un problema de falta de vivienda y de precios disparados en diversas ciudades del país.
«Las casas son para las personas, no para los inversionistas», insistió Trudeau.
Los migrantes —refugiados y residentes permanentes— que busquen vivir en Canadá sí podrán comprar viviendas, siempre y cuendo sea su residencia principal. La medida, una de las promesas electorales de Trudeau que fue lanzada desde su reelección en 2019, se pone en práctica pese a que los precios de la vivienda en Canadá han caído en torno al 13% este año, según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces. En abril de 2022, el gobierno canadiense presentó un proyecto para la reducción del déficit y el abaratamiento de la vivienda en el país en su paquete económico del año pasado.
De los 31 mil 200 millones de dólares canadienses (24 mil 800 millones de dólares estadunidenses) correspondientes al nuevo gasto, una tercera parte está destinada a hacer la compra de viviendas más asequibles para los canadienses, pese a las fuertes subidas tras la pandemia y de que el Banco Central de Canadá haya estado elevando las tasas de interés en los últimos meses.
