Santiago. El proyecto de ley de “reconstrucción nacional” que esta semana anunció el presidente de Chile, José Antonio Kast, orientado a reimpulsar la economía con 43 medidas que incluyen bajar el impuesto corporativo de 27 a 23 por ciento, la reintegración del sistema tributario y la invariabilidad por 25 años para grandes inversiones, originó controversia por su impacto en sectores medios y bajos, y por el riesgo de que agrave la desigualdad.
Mientras el oficialismo lo defiende a rajatabla como necesario para el crecimiento y el empleo, desde la oposición se destaca que enriquecerá aún más a 0.1 por ciento de los más pudientes, incluidos tres ministros de Kast, cuya riqueza personal está entre 60 y 100 millones de dólares, según sus declaraciones patrimoniales.
El proyecto, aún no ingresado a trámite legislativo, enfrenta críticas por ser una ley miscelánea, es decir, combina materias que van mucho más allá de lo tributario. Por ejemplo, busca restringir la gratuidad de la educación superior a estudiantes menores de 30 años, una norma que sería discriminatoria.
El jurista Javier Couso expresó que el plan de Kast “es de dudosa constitucionalidad”, porque legislaría en materias como seguridad, reconstrucción, reforma tributaria y trámites administrativos.
“Las leyes misceláneas son de técnica legislativa defectuosa; existe consenso en la doctrina constitucional sobre los riesgos de este tipo de iniciativas”, advirtió en el medio El Mostrador, y recordó que la Constitución prohíbe incluir un articulado distinto a la matriz de un proyecto, para evitar iniciativas “tipo árbol de Navidad”, cargados de materias no vinculadas, lo que “impide una deliberación informada, atenta, profunda, técnicamente eficaz”.
En lo impositivo, cuestiones como la reintegración del sistema –es decir, que el gravamen a la renta pagado por las empresas sea 100 por ciento deducible como crédito al tributo personal de sus dueños, lo que disminuiría la carga– o una norma para repatriar capitales sacados ilegalmente del país, a cambio de pagar una tasa de sólo 7 por ciento, están en el centro del debate.
“Kast pone en cuestión la afirmación de que sus medidas castigan a las clases medias y populares y benefician a los más ricos, en particular al 0.001 por ciento. Como el presidente, un empresario de las cuatro familias más ricas, que ha montado una ONG para defender sus intereses, sostiene que es ‘maniqueísmo trasnochado’ oponer empresas versus ciudadanos, eludiendo reconocer que quienes son favorecidos por las políticas de (ministro de Hacienda, Jorge) Quiroz son los propietarios de esas empresas que, por ejemplo, con la reintegración tributaria van a reducir sustancialmente sus pagos de impuestos”, publicó el economista Eugenio Rivera, director ejecutivo de la Fundación La Casa Común.
Según estimaciones –se desconocen detalles del plan–, el costo fiscal ronda 4 mil millones de dólares, que no serían compensados desde otras fuentes e impactarían las finanzas, estatales cuyo déficit estructural es de 3.5 por ciento del producto interno bruto.
Otra propuesta polémica es eliminar el impuesto predial, del cual están liberadas 80 por ciento de ellas porque tienen una tasa inferior a la mínima estipulada. La idea de Kast es que los propietarios del 20 por ciento restante mayores de 65 años queden exentos del gravamen, con un costo de 200 millones de dólares.
Alcaldes opositores se manifestaron en contra, porque 60 por ciento de la recaudación de ese impuesto (unos 2 mil 800 millones de dólares) van a un fondo común que financia a los municipios con más carencias.
En una declaración, 59 alcaldes “planteamos nuestra sorpresa y decepción ante los temas abordados por el presidente Kast, los cuales están completamente desconectados de la actualidad de Chile. Esta administración opta por dar beneficios tributarios a grandes empresas y familias de mayores recursos en lugar de anunciar apoyos directos que alivien a millones de familias afectadas por el aumento del costo de la vida. Cuando hay que proteger a los que menos tienen, el gobierno opta por el camino contrario”.
El gobierno buscará la aprobación en ambas cámaras a más tardar en agosto, pero pese a tener mayoría relativa, necesita el respaldo de parlamentarios que teóricamente no son oficialistas. La oposición ha advertido que el asunto podría llegar al Tribunal Constitucional.
