Todos los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dieron a conocer que renunciaron unánimemente a través de una carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Lilia Rivera y Kenia López Rabadán, respectivamente.
En el texto se pudo conocer que su decisión estuvo sustentada en que, luego de dos años en el cargo, presuntamente habrían sido “desdeñados” por la presidenta de la comisión, María del Rosario Piedra Ibarra, pese a que en la ley se estable que se debe de consultar al consejo.
“(…) a lo largo de estos dos años nuestra labor dentro del consejo, como organismo asesor de la Comisión, ha sido desdeñada de forma reiterada por su presidenta, aduciendo que la ley no la obliga a aceptar ninguno de nuestros consejos, aún y cuando algunos de éstos hayan sido formulados por unanimidad en favor de los derechos humanos”, se pudo leer en el documento con fecha del lunes 23 de octubre.
Aunado a lo anterior, presuntamente Piedra Ibarra habría obstaculizado el trabajo e incluso “ignorando por completo, amenazar y calumniar” a algunos de los integrantes del consejo no solo al interior de la CNDH, sino con recursos de la propia comisión ante el exterior.
“(…) hemos tratado de aplicar lo que dice la ley en la materia que nos otorga la atribución de ‘establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional’; sin embargo, no hemos podido mediar ni razonar con la presidenta de la CNDH”
Para profundizar en lo anterior, señalaron que han diferido en muchos aspectos con Rosario Piedra Ibarra con aspectos como procedimientos internos —el quórum, mayoría de votos, modificación de la orden del día o un conflicto de interés— o la “no emisión” de recomendaciones generales o la publicación de posicionamientos en contra de lo votado.
Asimismo, recordaron que al ser integrantes del consejo no reciben remuneración alguna y todos los gastos corren por su cuenta; no obstante, destacaron que lo han llevado a cabo debido a su compromiso personal por servir a la causa y protección de las víctimas en México.
Finalmente lamentaron que un órgano que debería de ser autónomo, actualmente parecería estar atendiendo “intereses diversos a los de la defensa y protección de los derechos humanos”, lo que los motivó a dejar su cargo ya que no quieren legitimar “algunas arbitrariedades, interpretaciones sesgadas y decisiones unilaterales de la presidenta”.
