Buenos Aires. El escándalo provocado por la detención del publicista argentino, Fernando Cerimedo en Bolivia como presunto autor intelectual del intento de feminicidio de su ex pareja, abogada, Nadia Beller, repercutió como un misil sobre el gobierno de Javier Milei, por su vínculo directo con el detenido y las investigaciones locales que involucran a los organismos ilegales de la ultraderecha en la región, destacando con nombres y datos de las empresas utilizadas, para su finalidad de instalar a presidentes afines a Estados Unidos e Israel en América Latina.
Cerimedo, quien se ufanaba de haber armado la campaña más feroz basada en noticias falsas, mentiras, manipulaciones, invadiendo medios y redes conformando ejércitos de trolls para destruir a la oposición peronista en Argentina e imponer a Milei, ahora debe enfrentarse a la acuciosa investigación de periodistas y juristas locales, que lograron pruebas irrefutables sobre el entramado de un poder mafioso, que asumió la tarea de “exterminar” todo proyecto democrático y popular en la región.
Hace meses, el ex presidente Evo Morales y las principales dirigencias sindicales de Bolivia, lanzaron una voz de alerta ante la invitación que se hizo pública del gobierno del mandatario boliviano Rodrigo Paz Zamora al ministro argentino de Desregulación, Federico Sturzenegger, una de la figuras más rechazadas aquí por su tarea de desmembrar al Estado nacional, denunciando la peligrosa presencia de Cerimedo en un papel clave y advirtiendo el poder sobre las fuerzas de seguridad y armadas y en la destrucción de todo lo que se había logrado durante los años en que gobernó el Movimiento al Socialismo (MAS).
También se denunció que el gobierno argentino envió pertrechos y equipos para reprimir las protestas del pueblo boliviano, pero más aún, el plan para detener o asesinar al Morales, y combatir “el terrorismo”, en referencia los movimientos sindicales y las organizaciones sociales.
Brasil y Honduras
Surgieron asimismo detalles de lo actuado no sólo para “destruir “al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sino para llevar al gobierno a Jair Bolsonaro y se le ubica como un factor clave en el intento de golpe contra el mandatario brasileño y la violencia con que se intentó imponer un supuesto “fraude” que no logró.
De la misma manera estuvo no sólo en Bolivia para la destitución de Evo Morales en 2019, sino que Cerimedo se ufanó de haber “sacado” del gobierno de Honduras al ex presidente Manuel Zelaya (2009) y de imponer al gobierno derechista actual de ese país invocando un “fraude” de la ex presidenta Xiomara Castro en las últimas elecciones, lo que nunca existió, impidiendo un verdadero escrutinio, trampas que se extendieron a Perú, Ecuador, Colombia y otros.
El consultor y asesor de Milei tiene varias empresas, entre ellas se destaca Numen Publicidad y Sondeos, que mantiene una deuda de 79.4 millones pesos argentinos (53 mil dólares) con el Banco Galicia, según la Central de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Lo que se considera “irrecuperable”.
Otra empresa paralela de Cerimedo adeuda ocho millones de pesos (5 mil 343 dólares) al Banco Galicia y el Macro, y lo mismo sucede con Academia Numen Publicidad también de Cerimedo todas con deudas irrecuperables.
Pero la denuncia que supera todo es su pertenencia de hace años a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y sus vínculos con otros servicios de inteligencia extranjeros, y el papel clave en su colaboración para los planes de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, que se resumen en instalar una nueva ola de terrorismo de Estado en nuestro continente y apoyar la ocupación militar que avanza día a día en la región, destacan analistas.
Además el publicista es uno de los dueños de La Derecha Diario, medio digital ultraderechista que se identifica con una cantidad de empresas de comunicación política y con la metodología del terrorismo mediático, que hoy alimenta la censura mundial impuesta.
Espionaje e IA
Amnistía Internacional denunció al gobierno de Milei por usar tecnologías con inteligencia artificial para vigilancia en Argentina. Según un nuevo informe de la organización, “las herramientas incorporadas durante los primeros dos años de gestión ampliaron la capacidad del Estado para recopilar información, establecer perfiles y ejercer mecanismos de control sobre la población”, señala El Destape.
El documento advierte que el gobierno adquirió tecnologías de vigilancia por al menos 1.2 millones de dólares, entre ellas sistemas para monitorear redes sociales, herramientas de reconocimiento facial y dispositivos de vigilancia aérea. Para Amnistía, el conjunto de estas políticas y adquisiciones configura un sistema de vigilancia masiva que puede afectar derechos fundamentales ya que estas prácticas generan “un efecto disuasorio sobre la privacidad, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación”
El informe se elaboró a partir de entrevistas con 21 personas, entre periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos, además del análisis de contratos, documentos oficiales y pedidos de acceso a la información.
