El Gobierno español aseguró que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, tiene autorización para residir en España como inversor, si bien negó que se le haya concedido uno de los denominados ‘visados de oro’. También dijo desconocer el monto total de inversiones que tiene el exmandatario en el país ibérico.
La agencia Europa Press tuvo acceso a una respuesta parlamentaria a la pregunta del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, en la que el gobierno aseguró que “no tiene constancia de la existencia de ningún visado solicitado ni expedido a nombre de Peña Nieto”.
El diputado vasco había preguntado si se había dado al expresidente una de los llamadas ‘golden visa’ para inversores y se había interesado por conocer la inversión de que disponía en España para haber podido acceder a este visado reservado a priori a grandes inversores.
En su respuesta, el Ejecutivo puntualizó que Peña Nieto “es titular de una autorización de residencia como inversor” conforme a la ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Dicha ley, precisó “permite este tipo de autorización, entre otros, a los titulares de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500 mil euros” y que cumplan con el resto de los requisitos.
En el caso de Peña Nieto, “el interesado acreditó la inversión por valor de 570 mil euros, libre de cargas y gravámenes, en un local comercial ubicado en Madrid”.
Según recordó el Gobierno, para obtener la autorización no es “preciso acreditar otras inversiones, por lo que se desconoce qué otros activos pudiera tener Peña Nieto a efectos de la obtención de la autorización”. Así pues, “se desconocen las inversiones o capital que Peña Nieto pueda tener con carácter global en España”.
Por otra parte, a la pregunta de Iñarritu de si el expresidente mexicano intentó antes “algún otro cauce de regularización”, el Ejecutivo reconoció que “solicitó una autorización de residencia por supuestos no previstos en el Reglamento de Extranjería que fue inadmitida a trámite por no cumplir los requisitos exigidos para ello”.
El pasado 9 de septiembre, el diario El País reveló que Peña Nieto había intentado obtener la residencia por la vía discrecional pero el gobierno se la negó. El reporte de la periodista María Martín dio cuenta de la misma repuesta al diputado vasco Jon Iñarritu, del partido nacionalista EH-Bildu, quien solicitó la información a la Secretaría de Estado de Migraciones de España.
Peña Nieto se quiso acoger a una disposición adicional del Reglamento de Ley de Extranjería que permite a la Administración Pública dar las autorizaciones sin que se sigan los procedimientos habituales y por circunstancias excepcionales de naturaleza económica, laboral o social que lo aconsejen.
“La Administración suele usar esta figura discrecional para beneficiar a perfiles de extranjeros muy vulnerables, afectados por casos de enfermedad o violencia. Esta fórmula es también a la que se ha recurrido para premiar algunos actos heroicos de inmigrantes en situación irregular. En el caso de Peña Nieto, la Administración consideró que no concurría ninguna circunstancia excepcional que justificase que el expresidente se saltase los canales habituales”, menciona el reportaje.
Al recibir la negativa del gobierno español fue que Peña Nieto decidió optar por comprar un inmueble por valor superior a medio millón de euros y cumplir así con los requisitos legales.
El local comercial, situado en el barrio de Chamberí, que Peña transformó en un departamento de lujo, fue adquirido en 570 mil euros (11.4 millones de pesos mexicanos).
A principios de agosto, la FGR informó que tiene abiertas tres investigaciones contra Peña Nieto, una por lavado de dinero, otra por presuntos delitos electorales y una más por enriquecimiento ilícito.
El pasado 8 de julio, el expresidente puso a la venta su departamento de lujo en Madrid, que había sido comprado en 2020.
Esto, luego de que durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, diera a conocer que entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al exmandatario.
La inmobiliaria anuncia el departamento, situado en la calle de La Virtudes, como un “impresionante piso recién reformado en el barrio de Almagro, a pocos metros de la calle José Abascal”, según pudo constatar Aristegui Noticias directamente en el portal.
El departamento se vende a un precio de 650 mil euros o 13 millones 620 mil pesos mexicanos, según el tipo de cambio.
“Se trata de una primera planta de un edificio clásico que cuenta con un gran salón con dos ambientes con cocina abierta y aseo de cortesía. Cuenta con 105 m2 de superficie más un patio terraza de 34 metros cuadrados”, dice el anuncio.
Detalla que la vivienda fue recientemente reformada y amueblada hasta el último detalle, que cuenta con una gran recámara con baño y un gran vestidor.
Señala que “la joya” del departamento es el gran patio terraza “acondicionado como una gran estancia para disfrutar al aire libre al que se accede desde el salón”.
“En resumen, se trata de una impactante vivienda, lista para entrar a vivir que dispone de muebles, electrodomésticos y menaje de primeras calidades, todos ellos incluidos en el precio”.
El anuncio presume que el barrio de Almagro, perteneciente al distrito de Chamberí, “es uno de los más elegantes de Madrid” y destaca su proximidad con el barrio de Salamanca, el más caro de España.
El diario El País señala que al pedir 650 mil euros su margen de beneficio es escaso, ya que fue adquirida por poco más de 500 mil euros según fuentes del rotativo, a lo que hay que sumar los gastos de la remodelación y los muebles.
El rotativo aseguraba que la compra de este departamento permitió al expresidente cumplir con los requisitos legales para que le entregaran la “visa dorada”, que le permite residir oficialmente en España.
Así lo dijo la periodista María Martín el pasado 30 de mayo, en una entrevista con Aristegui en Vivo, al hablar del reportaje que dio a conocer esta propiedad, publicado el día previo en las páginas del diario español.
Explicó que el requisito legal para obtener este tipo de permiso de residencia es la realización de depósitos bancarios o inversión en activos y financieros españoles por un millón de euros, o bien, la compra de inmuebles por un valor mínimo de 500 mil euros.
En su reportaje, Martín y Francesco Manetto documentaron que Peña Nieto compró en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados en un edificio del distrito de Chamberí, en Madrid capital, con un valor superior a los 500 mil euros.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, que, luego de un análisis de reportes financieros se detectó “un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos”.
“Se detectó que el exmandatario, a través de transferencias internacionales, recibió 26,001,429.74 moneda nacional”, denunció el titular de la UIF.
Gómez detalló que estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente aunado a lo anterior”, expuso.
La UIF también advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados, y detalló que se tratan de empresas familiares existentes desde antes de que fuera presidente.
Pablo Gómez expuso que una de las empresas “tiene una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
“Esta empresa es identificada como proveedora prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente”, expuso, y detalló los montos anuales de los contratos públicos que obtuvo durante los seis años de su administración.
2013: 714 mdp;
2014: 1,126 mdp;
2015: 5,505 mdp;
2016: 948 mdp;
2017: 991 mdp; y,
2018: 1,246 mdp.
El monto del total de estos contratos asciende a 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos, expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En un hilo de Twitter, Peña Nieto respondió que demostrará la legalidad de su patrimonio y expresó su confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia.
