El grupo Una reconstrucción sin corrupción en Guerrero afirmó que el huracán Otis no sólo ha dejado daños estructurales, también exacerbó la pobreza, la desigualdad, el desempleo y ha incrementado las carencias en el sistema de salud, según el informe presentado.
El grupo de trabajo Una reconstrucción sin corrupción en Guerrero destacó la importancia de que el diseño e implementación de acciones y programas por parte del Estado, para la población afectada por el huracán Otis, se realice con base en principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, siempre con un enfoque de derechos humanos.
El grupo afirmó que el huracán Otis no sólo ha dejado daños estructurales, también ha exacerbado la pobreza, la desigualdad, el desempleo y ha incrementado las carencias en el sistema de salud, según el informe presentado. Ante este panorama, el Estado debe cuantificar los daños y garantizar los derechos sociales de las personas afectadas, siguiendo el principio de progresividad.
Debido a esto, el grupo conformado por el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Transparencia Mexicana, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Comité de Participación Ciudadana del SNA, emitieron las siguientes recomendaciones:
- Adoptar una respuesta de expansión horizontal, permitiendo que los programas sociales alcancen al mayor número posible de beneficiarios.
- Priorizar a grupos vulnerables, redefiniendo los objetivos de los programas sociales para atender de manera específica las necesidades básicas de la población damnificada.
- Considerar las necesidades diversas de la población, especialmente en el ámbito de la recuperación y reconstrucción. Se destacó la necesidad de diseñar programas con base en la protección de la dignidad de las personas, garantizando vivienda, salud, educación, alimentación y un entorno saludable.
- Actuar con inmediatez y eficacia, identificando y explorando todas las posibilidades de implementar acciones dentro de los programas de bienestar. Además, reducción en plazos de entrega, incremento de apoyos a población vulnerable y un control efectivo mediante registros y censos.
- Orientar objetivamente la operación del programa, facilitando la selección de beneficiarios y estando accesibles para toda persona interesada.
- Poner a disposición de la ciudadanía información relevante y de calidad, aun sin solicitudes específicas, pues la transparencia actúa como un mecanismo de control para prevenir el mal uso de recursos públicos.
- Realizar auditorías en tiempo real y la implementación de mecanismos de denuncia para garantizar la entrega adecuada de apoyos a la población vulnerable.
- Colaborar con la ciudadanía para adaptar las políticas sociales a las necesidades reales de la población en momentos críticos.
