Nueva York y Washington. Ante la ofensiva antimigrante, esa comunidad en Georgia, Estados Unidos, debió organizarse para defenderse a sí misma mediante la organización y la solidaridad, enfatiza Adelina Nicholls, directora cofundadora de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (Georgia Latino Alliance for Human Rights o Glahr) en entrevista con La Jornada.
Nicholls pinta un panorama de acoso constante por autoridades federales y locales en la vida cotidiana de los inmigrantes en Georgia a lo largo de casi dos años, con deportaciones de familiares, pérdida de empleos y persecuciones de personas con uso de fuerza y otros abusos.
“Georgia tiene alrededor, creo que es el cuarto o el quinto lugar en deportaciones, arrestos y deportaciones a escala nacional… Los operativos se llevan 100 o 150 personas sólo en un día, está fuerte”, indica.
Ante ello, “lo que decidimos fue más que visibilidad, resiliencia, resistencia… Creo que el fundamento aquí era que esto es tan grande”, resalta en referencia a la ofensiva antimigrante “que las organizaciones por sí solas no podíamos hacer mucho, a reserva de que la comunidad viniera con nosotros.
“Y eso era el fundamento que nosotros aquí iniciamos y hasta ahora alcanzamos casi 53 mil personas a escala estatal, con casi 92 reuniones comunitarias en 96 ciudades, relató Nichols. También contó que organizaron una red de monitores sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), integrada por unos 480 “perseguidores”, quienes de manera constante informan a las organizaciones comunitarias de la presencia y de los operativos antimigrantes que montaban.
Además, alrededor de 600 negocios se han comprometido a no permitir el ingreso de agentes migratorios o el uso de sus comercios, como parte de la campaña Zona Libre de ICE”. Nicholls agrega que también cuentan ahora con el apoyo de unos 800 estadunidenses progresistas que participan en esfuerzos de asistencia mutua, cabildeo con autoridades locales, apoyo financiero a familiares de detenidos y quienes acompañan a los que tienen cita con los tribunales.
“Todo ese trabajo comunitario nos dio la posibilidad de crear redes de respuesta rápida y ahora tenemos 36 por todo el estado que se conectan por regiones, por ciudades, por espacios. Ellos nos ayudan a saber qué pasa en las comunidades ante la presencia del ICE” y de la policía local que colabora con los federales.
Igualmente se organizan “clínicas de defensa” para capacitar a las comunidades en medidas de protección, sobre sus derechos legales, de qué hacer con menores de edad cuando algún padre es deportado como custodias temporales, entre más.
Subraya que mucho de esto se realizó con un bajo perfil público y gran cautela ante las amenazas constantes que enfrentan las organizaciones de defensa de inmigrantes y estas comunidades en el asalto cotidiano de las autoridades federales, estatales y locales. “Parte del trabajo, bajo estas circunstancias, es que no es visible, que nadie se dé cuenta”, comenta Nicholls, señalando que ella y sus colegas no ofrecen entrevistas a medios locales, se desconectaron de servidores digitales, se protege la información personal de quienes están haciendo este tipo de labor, mientras se prepara al personal para enfrentar posibles amenazas de las autoridades y otros sectores.
Nicholls explica que el trabajo organizativo de Glahr (https://glahr.org/es/home-1/) y otras organizaciones sociales continúa, pero ahora “es hacia adentro, en la comunidad, creando la cultura de resistencia”. Ofrece como ejemplos, la campaña exitosa para clausurar el centro de detención de inmigrantes en Atlanta y a las alianzas con organizaciones afroestadunidenses como algo que se llama Atlanta Get Ready, que busca crear estrategias de defensa conjuntas en el caso de que el gobierno federal escale sus ofensivas contra estas comunidades.
Las alianzas entre comunidades latinas y afroestadunidenses fueron clave y mostraron su potencial al contribuir en la derrota electoral de Donald Trump en Georgia en la elección de 2020 y el triunfo de dos senadores demócratas en un estado considerado republicano. Ahora continúa el trabajo de “defensa comunitaria” con programas para promover la participación electoral que Glahr ha ayudado a impulsar desde 2018. Desde junio, narra Nicholls, esta coalición latino-afroestadunidense ha logrado tocar casi 90 mil puertas.
Resalta que lo que está enfrentando la comunidad inmigrante es un “acoso total” por las autoridades. Y no solamente de ICE, explica, sino de las policías locales.
“Nosotros calculamos que hay alrededor de 60 mil agentes de inmigración a escala nacional, creo que alrededor de unos 5 mil a 10 mil oficiales de ese tipo andan en todo el estado de Georgia. Cada día hay informes y alertas de detenciones en diversas partes del estado.”
Entre las consecuencias están la pérdida de empleos, familias que ahora dependen de alimentos donados para comer después de que sus familiares fueron deportados. También hay frustración y rabia ante la impunidad frente a acciones “muy agresivas” de agentes en operativos de detención, incluyendo acusar falsamente a los perseguidos de violencia para justificar sus tácticas.
Sin acuerdo sobre la coyuntura electoral
A la vez, Nicholls señala que no se ha desarrollado un consenso a escala nacional entre diversas agrupaciones de defensa de extranjeros sin documentos y sus aliados sobre cómo proceder, sobre todo en torno a la coyuntura electoral y sus implicaciones, sobre qué hacer ante un triunfo de las fuerzas antimigrantes o la derrota de éstos, pero ¿qué sigue?
“Creo que hay una parte, incluso a escala nacional, de este sentimiento de que (los opositores a Trump) van a ganar. Y yo digo que el planteamiento es al revés. Si perdemos, no solamente a nivel nacional, también para la comunidad inmigrante, ¿qué significa?”, reflexiona y más aún, si los republicanos son derrotados en ambas Cámaras, no está claro qué implica para los inmigrantes, ya que la ofensiva contra ellos procede bajo órdenes ejecutivas.
Preguntada por el apoyo desde México, comentó que hay muy poco que se pueda hacer. “Creo que la presidenta también está al tanto de lo que ocurre en las comunidades inmigrantes. Pero no sé qué más pudiera realizar, y te soy honesta, qué más puede hacer el gobierno”.
Nicholls concluye: “sí creo que es la comunidad misma la que tiene que formar parte de su propia defensa y resistencia, ¿verdad? Más allá de quién ayuda, quién se solidariza, creo que aquí la responsabilidad es de nosotros mismos, no de nadie más. Me decía un señor en un pueblo que para qué intentamos si de todas maneras están violando nuestros derechos. Le contesté: ‘sí, estoy de acuerdo, pero entonces, ¿qué quiere? ¿Nos vamos a quedar con las manos cruzadas? ¿No nos vamos a defender?’, y me contestó: ‘Ya, ah, no, pues sí, pues a darle, pues a darle, ¿no?’ Y otro me dice: ‘hasta donde tope, pues hasta donde tope’”.
