La administración de Donald Trump está citando a inmigrantes haitianos en Ohio a oficinas de inmigración para, o bien expulsarlos inmediatamente del país, o bien obligarlos a llevar grilletes electrónicos en los tobillos antes de enfrentarse a una audiencia de deportación.
En los últimos días, decenas de inmigrantes de Springfield (Ohio) acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS) fueron convocados a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); allí se les colocaron dispositivos de monitoreo y se les prohibió viajar fuera de un radio de 120 kilómetros de sus hogares, según informaron grupos legales y organizaciones de defensa que los representan.
Unos 15 mil inmigrantes haitianos residen en la zona de Springfield; muchos de ellos gozaban de la protección del TPS hasta que una decisión de la Corte Suprema en junio abrió la puerta para que la administración revocara las protecciones de aproximadamente 350 mil haitianos en Estados Unidos y sus familias.
La cancelación por parte de la administración de protecciones humanitarias clave para miles de haitianos ha sumido a sus familias, defensores y empleadores en un futuro incierto, ante el temor de que la pérdida del estatus legal los haga vulnerables a detenciones y a la expulsión hacia un país azotado por la violencia, la inestabilidad política y las dificultades económicas.
«Es muy humillante ver a padres y madres, que no han cometido ningún delito, llevando ahora grilletes electrónicos en los tobillos», declaró a la prensa Viles Dorsainvil, director ejecutivo del Centro de Ayuda y Apoyo a la Comunidad Haitiana de Springfield. «Eso ha generado muchísimo miedo».
Philbert Viaud, un residente haitiano de Columbus que lleva cinco años viviendo en Estados Unidos, fue visto con un monitor de tobillo tras salir de una oficina del ICE en las afueras de Cincinnati el domingo; se le indicó que regresara para una cita dentro de dos semanas, según informó el Cincinnati Inquirer.
Él afirmó que lleva cuatro años solicitando asilo. Sony Prenice, otra residente haitiana, declaró a los periodistas que le dieron a elegir entre llevar un monitor de tobillo o ser deportada con 2 mil 600 dólares.
Carl Ruby, pastor principal de la iglesia Central Christian Church de Springfield, también acompañó a un miembro de su congregación que había sido citado.
«Quiero que los agentes del ICE miren hacia afuera y me vean rezando», dijo a The Enquirer.
Las cartas enviadas por funcionarios del ICE a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) les indican que deben llevar «todos y cada uno de los documentos de inmigración» a sus oficinas en un plazo de 30 días. «Es importante que acuda a esta cita y lleve consigo esta carta», dice el texto. «Si no puede hacerlo, indique el motivo, firme al pie y devuelva esta carta a esta oficina de inmediato».
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a The Independent que la agencia «no comenta operaciones en curso ni futuras».
«El Estatus de Protección Temporal es exactamente eso: temporal», señaló dicha persona, acusando a administraciones anteriores de abusar del TPS al convertirlo en un «programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente».
«Lo que diríamos ahora es que ha llegado la hora de cerrar; eso significa que no tienes que irte a casa, pero tampoco puedes quedarte aquí», comentó la fuente. «La buena noticia es que no es demasiado tarde para recibir un cheque de 2 mil 600 dólares y un vuelo gratuito de regreso a casa».
El Congreso creó el programa TPS en 1990 para brindar protección migratoria temporal a personas que huían de guerras, desastres naturales y condiciones «extraordinarias y temporales» en sus países de origen.
Los beneficiarios pueden solicitar permisos de trabajo renovables y obtener protección contra la deportación. Un terremoto ocurrido en Haití en 2010 causó la muerte de más de 200 mil personas.
La designación de TPS se ha prorrogado varias veces en los años posteriores. El año pasado, tribunales federales impidieron que el gobierno pusiera fin al TPS, tras determinar que la administración había revocado ilegal y arbitrariamente las protecciones basándose en motivos infundados y pretextos impulsados por «animadversión racial» y una agenda antiinmigrante.
Abogados y jueces señalaron declaraciones «despectivas» de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de Trump, quien afirmó sin pruebas que los inmigrantes haitianos «se comían las mascotas de la gente» y calificó a Haití como un «país de mierda». En su opinión redactada en nombre de la mayoría conservadora de la Corte Suprema, el magistrado Samuel Alito argumentó que «ninguna de las declaraciones citadas, ya fuera del presidente o de la secretaria, era abiertamente racial y, en esencia, todas expresaban posturas políticas que podían fundamentarse en justificaciones neutrales respecto a la raza». La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que el TPS para Haití quedaba oficialmente «cancelado» y notificó a los empleadores que los permisos de trabajo habían expirado, lo que provocó despidos masivos y confusión jurídica para los haitianos con TPS que buscaban obtener un estatus permanente.
La decisión de la Corte Suprema podría impulsar los esfuerzos de la administración para eliminar las designaciones de TPS que protegen a cerca de 1.3 millones de inmigrantes de una docena de países más, intensificando las amenazas del presidente contra las vías legales de inmigración, a pesar de haber prometido centrarse en «lo peor de lo peor». «Esto es injusto, punitivo y excesivo, y revela lo que los agentes del ICE de Trump piensan sobre los haitianos que llegaron aquí legalmente», declaró el lunes la representante demócrata por Ohio, Shontel Brown. «Lucharemos contra esto».
A principios de este año, la Cámara de Representantes —controlada por los republicanos— aprobó por un estrecho margen un proyecto de ley para prorrogar el TPS para Haití, marcando un inusual esfuerzo bipartidista respaldado por las urgentes peticiones de republicanos en estados con grandes poblaciones inmigrantes. Sin embargo, los republicanos se aseguraron de que el proyecto de ley no prosperara en el Senado.
«Esto es una vergüenza para los Estados Unidos de América», dijo el lunes a los periodistas el senador demócrata Chris Murphy. No existe un lugar seguro al que puedan regresar los beneficiarios del TPS provenientes de países como Haití, Yemen, Venezuela y Siria. De hecho, en los lugares que acabo de mencionar, la situación no se está estabilizando ni mejorando; está empeorando.
