Órganos autónomos, clave en el mundo: OCDE

En el mundo hay 45 países, incluido México, con órganos reguladores económicos –como los que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca desaparecer– que son clave para garantizarle a sus poblaciones servicios esenciales como energía, comunicaciones, transporte y agua, sostiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE señala en su documentación sobre órganos reguladores que “en una economía globalizada, la regulación ya no es un asunto exclusivamente interno. Las regulaciones son cada vez más aplicadas por organismos supranacionales y requieren cooperación regulatoria internacional”.

Según la OCDE, “las agencias reguladoras están a la vanguardia para garantizar que los ciudadanos y la industria tengan acceso a servicios fundamentales. También operan en un contexto de complejidad creciente,
disrupción tecnológica y recursos limitados, al tiempo que tienen que gestionar la incertidumbre y crear lugares agradables, prósperos y seguros para vivir, trabajar y hacer negocios”.

 

La Red de Reguladores Económicos de la OCDE promueve el diálogo entre más de 70 reguladores de todo el mundo que operan en diferentes sectores como comunicaciones, energía, transporte y agua. “Los miembros de NER comparten sus experiencias, desafíos y soluciones innovadoras, y juntos definen lo que constituye un “regulador de clase mundial que está equipado para enfrentar el futuro”.

Particularmente sobre México, la OCDE señala que la Ley General de Mejor Regulación, promulgada en marzo de 2018 –modificada en el 2021 para la creación de la Fiscalía General de la República (FGR) como un órgano autónomo–, modernizó la política regulatoria en el país. Renovó el antiguo órgano de control creando la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer)”.

 

Economías como Estados Unidos, Dinamarca, India, Chile, Canadá, Vietnam, Polonia, Colombia, Noruega, Alemania, Grecia, Brasil y Colombia tienen órganos reguladores económicos, según el sitio web de la OCDE.

La OCDE señala que la Conamer tiene autonomía técnica y operativa, pero permanece jerárquicamente subordinada a la Secretaría de Economía. “Las atribuciones y el mandato de la Conamer incluyen asesoramiento y apoyo para implementar herramientas de gestión regulatoria, así como el escrutinio del análisis del impacto regulatorio y otras obligaciones de mejor regulación por parte de los reguladores y secretarías competentes”.

En el documento La gobernanza de los reguladores en América Latina, la OCDE señala que proporcionan una instantánea de la gobernanza y acuerdos en treinta reguladores económicos en siete de las mayores economías latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

 

La mayoría de las autoridades reguladoras se crearon durante las reformas realizadas durante y después de la década de 1990, y la mayoría fueron creados como reguladores independientes para acompañar la liberalización del mercado. El perfil de gobernanza entre los reguladores y las características organizativas varían dentro del grupo de treinta países latinoamericanos”, señala la OCDE.
Los datos –sigue el documento de la OCDE– muestran cierta convergencia en la estructura de liderazgo de los reguladores de la muestra, escalonado, juntas de varios miembros que dirigen la mayoría de los reguladores: “Como en los países de la OCDE, el gobierno tiene la autoridad legal para nombrar el liderazgo de la agencia. Sin embargo, los datos muestran que el legislador desempeña un papel más destacado en el nombramiento de una mayor proporción de reguladores en la muestra latinoamericana, en comparación  con la muestra de la OCDE”.

La OCDE también tiene un documento sobre los órganos reguladores en Europa, titulado Mejores prácticas regulatorias en toda la Unión Europea.

En ese texto señala que las leyes y regulaciones afectan la vida diaria de las empresas y los ciudadanos.

Las leyes de alta calidad promueven el bienestar y el crecimiento nacional, mientras que las leyes mal diseñadas obstaculizan el crecimiento, dañan el medio ambiente y ponen en riesgo la salud de los ciudadanos”.
En ese informe, la OCDE analiza las prácticas para mejorar la calidad de las leyes y regulaciones en los 28 Estados miembros de la Unión Europea y también evalúa sistemáticamente el uso de evidencia y la participación de las partes interesadas en el diseño y revisión de leyes y regulaciones nacionales con base en los Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE.