En México, los pequeños productores agropecuarios son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, principalmente por deficiencias en el uso de instrumentos de planeación y gobernanza, según los primeros resultados del programa piloto del índice de desarrollo del Sistema de Adaptación Basada en Ecosistemas y Resiliencia de los Ecosistemas (SAbERES), del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) México.
En entrevista, José Iván Zúñiga, director de Paisajes Forestales de esa organización, explicó que para enfrentar los efectos del cambio climático, las pequeñas comunidades mexicanas deben desarrollar capacidades de adaptación.
La organización diseñó un índice para evaluar a nivel local la capacidad adaptativa de las personas productoras rurales a pequeña escala.
Con base en 32 indicadores, expertos analizan las condiciones de cada comunidad en función de seis dimensiones: natural, social, humana, económica, física y político-normativa.
Ese instrumento fue aplicado, como parte de un programa piloto en comunidades de las regiones Mixe y Sierra Juárez, Oaxaca y de Cunduacán, Tabasco.
En la región mixe hallaron que la mayoría de los pequeños productores tiene una capacidad adaptativa baja o muy baja, aunque identificaron un caso atípicamente alto.
Según el reporte, se trata de comunidades asentadas en una cañada, sin acceso a refugios ni información climática oportuna, con caminos en mal estado, suelos erosionados y poco acceso a agua potable y escasa asistencia técnica.
La situación más delicada se halló en la dimensión humana, que tiene que ver con educación, capacitación y experiencia, así como en la dimensión político-normativa relacionada con el uso real de instrumentos de planeación y gobernanza.
En esa región se encontraron comunidades dedicadas al cultivo de agave que mostraron resultados sensiblemente mejores.
Para los especialistas, eso refleja que, incluso dentro de una misma zona geográfica, la forma de trabajar el campo puede ser la diferencia entre una alta y una baja capacidad de adaptación.
En tanto, en la Sierra Juárez de Oaxaca, comunidades dedicadas al aprovechamiento forestal y al ecoturismo muestran una capacidad adaptativa muy alta, debido a que cuentan con más de 30 años de experiencia en manejo sostenible del bosque, una organización comunitaria sólida, asesoría técnica constante y un conocimiento tradicional profundo sobre ordenamiento territorial y manejo de plagas y fuego.
En Cunduacán, Tabasco, las comunidades ganaderas muestran un panorama más heterogéneo, con niveles de capacidad adaptativa que va de los bajos a muy altos, aunque con una tendencia a los bajos.
En este caso, la dependencia de un solo producto, la venta de ganado en pie, la ausencia de conservación de suelo y agua y la escasa diversidad de cultivos y pastos para alimentar al ganado los dejan particularmente expuestos ante las sequías.
El reporte señala que en ese caso solo la mitad de las personas entrevistadas manifestó contar con algún tipo de ahorro para enfrentar un evento extremo.
Los expertos destacaron que, independientemente del nivel general de capacidad adaptativa, la dimensión político-normativa fue la más débil de los contextos analizados.
José Iván Zúñiga recalcó que existen instrumentos que podrían ayudar a estas personas productoras, como los atlas de riesgo o los planes de ordenamiento territorial, pero de acuerdo con las pruebas piloto, no se implementan en las zonas analizadas o las personas productoras simplemente no participan en su diseño ni los utilizan en la práctica.
Destacó que ese hallazgo no es un detalle menor, pues el bajo aporte de la dimensión político-normativa al índice en sectores y regiones distintos entre sí, sugiere que el problema no es la ausencia de políticas públicas, sino de su desconexión con la realidad de las personas a quienes debería servir.
Por ello, fortalecer esa dimensión — mediante un mejor acceso a información climática, facilitar la participación de las personas productoras en los instrumentos de planeación territorial, e incluir en los programas gubernamentales—, sería uno de los cambios con mayor potencial para mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático en las regiones rurales de México.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México hay 3.5 millones de unidades productivas de hasta cinco hectáreas.
En conjunto cultivan 5.9 millones de hectáreas con una producción anual estimada en 37.8 millones de toneladas de cultivos, de las cuales 32.4 millones de toneladas son comercializadas.
