Si la planta de amoniaco que se construye en Topolobampo, municipio de Ahome, entra en operación, afectará unas 22 mil 500 hectáreas de manglares “con consecuencias devastadoras para la vida acuática en la bahía de Ohuira, el ecosistema y para miles de familias”, aseguró la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
Manifestó su solidaridad con la lucha de los pueblos mayo-yoreme y el colectivo ¡Aquí No!, que mantienen un plantón a las afueras de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), encargada de la factoría.
La Rema exigió a las autoridades federales revocar la autorización de impacto ambiental para la edificación de la industria y que la sancionen por los delitos ambientales causados, toda vez que el proyecto ha destruido una área significativa de manglar.
Lo anterior, refirió, violentó la NOM-022 Semarnat-2003, la Ley de Vida Silvestre y la declaratoria de humedal de importancia internacional (sitio Ramsar); además de ocasionar afectaciones a la actividad pesquera en detrimento de las comunidades.
En un comunicado, la red apremió a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Alicia Bárcena Ibarra, “a no pretender mediar entre los intereses de los inversionistas y las comunidades afectadas”.
Señaló que hasta el momento su intervención “sólo ha significado dilación, mientras se sigue construyendo la planta; además, GPO es financiado por alrededor de 880 millones de dólares de un consorcio que incluye el banco público KfW IPEZ-Bank”, de origen alemán.
La Rema reclamó a Bárcena Ibarra “que asuma su responsabilidad para garantizar un ambiente sano para la población y prevenir que dicho proyecto siga generando más daños sociales y ambientales”, pues una fuga de amoniaco sería fatal para el ecosistema y para miles de personas en las zonas aledañas.
También demandó a las autoridades federales que atiendan las recomendaciones de 11 relatores especiales de las Naciones Unidas que estuvieron en la bahía de Ohuira en 2025, quienes acudieron para informarse sobre los daños y las violaciones a derechos humanos que el proyecto está causando a las poblaciones indígenas.
La red lamentó que la planta de amoniaco “es otro de los proyectos en el país donde se simulan las consultas indígenas, no son previas ni libres ni informadas, menos culturalmente adecuadas; sino procesos manipulados para legitimar proyectos que despojan a las comunidades de sus territorios, culturas y vidas; además de generar una grave e irreversible destrucción ambiental”.
Recordó que en 2022, el gobierno federal realizó una consulta, obligado por una sentencia emitida por la Corte en respuesta a un amparo promovido por los pueblos yoremes de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, opositores a la planta.
Ayer más de un centenar de pobladores indígenas, pescadores, ciudadanos y ambientalistas cumplieron dos días de plantón frente a GPO para exigir a la firma la cancelación total del proyecto.
