La propuesta penaliza conductas como persecución, tocamientos, exhibicionismo y grabaciones no consentidas.
Hermosillo, Sonora; 18 de noviembre de 2025.- Para que el acoso sexual en espacios públicos sea considerado como delito, la diputada Deni Gastélum Barreras plantea reformas al Código Penal del Estado.
Mencionó que la iniciativa surge ante la alta incidencia y normalización del acoso sexual en calles, espacios públicos y transporte, una problemática que afecta principalmente a mujeres, adolescentes y niñas, y que constituye una de las expresiones más visibles de la violencia sexual en la vida comunitaria.
La diputada señaló que este tipo de violencia vulnera los derechos humanos fundamentales como la libertad, la integridad y la dignidad, además de restringir el derecho de las mujeres a transitar y habitar el espacio público sin miedo. Estudios recientes evidencian que tres de cada cuatro personas han sufrido acoso callejero en el último año, destacando su carácter reiterado e invisibilizado.
La iniciativa propone un tipo penal específico que permita atender de manera directa y diferenciada esta forma de violencia, garantizando mayor certeza jurídica y fortaleciendo la persecución ministerial. Entre las conductas que se sancionarían se incluyen el asedio verbal o físico, la toma o difusión no consentida de imágenes, el contacto físico no deseado, la persecución y actos de exhibicionismo.
Asimismo, la propuesta contempla penas de tres a ocho años de prisión y multas de 200 a 500 UMA, con agravantes que duplican la pena cuando exista reincidencia, participación de dos o más agresores o cuando el delito sea cometido por servidores públicos o prestadores del servicio de transporte.
“Esta iniciativa legislativa sustenta la urgencia de prevenir, sancionar y erradicar este tipo de conductas en nuestra sociedad, garantizando a las mujeres el derecho a transitar, habitar y apropiarse del espacio público en condiciones de libertad, igualdad y seguridad”, destacó la legisladora.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.
