El Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI) A.C., organismo que forma parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), informó que la Secretaria de Vivienda de la CDMX pondrá en marcha un programa de rehabilitación enfocado en el Centro Histórico y otros puntos estratégicos de la Ciudad.
El organismo añadió que en reciente reunión con profesionales en la administración de inmuebles, Inti Muñoz Santini, titular de la dependencia, informó, que, “la ciudad podría aspirar a producir hasta 20 mil viviendas anuales en colaboración con el sector privado, pero la clave es priorizar la accesibilidad”.
En dicha reunión el funcionario, subrayó, “la importancia de hacer de la vivienda un eje central en los retos que enfrenta la ciudad, para lo cual se creó la nueva Secretaría de Vivienda”.
Asimismo la importancia de mejorar las condiciones de vivienda en barrios populares y zonas de clase media, como parte de una estrategia integral para elevar la calidad de vida en la Ciudad de México, agregó, el organismo.
Durante el acto se dio a conocer que la diputada Guadalupe Chávez Contreras, será la responsable de atender asuntos relativos a las unidades habitacionales y condominios en la ciudad de México.
El papel de la legisladora “será fundamental para fortalecer la relación entre el gobierno y los administradores de inmuebles en la búsqueda de soluciones integrales para mejorar las condiciones de habitabilidad en estos espacios”, indicó el IAI.
En su oportunidad el Mtro. Ángel Córdova abordó, “el fenómeno del lavado de dinero, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta la industria inmobiliaria frente a esta actividad ilícita”.
Indicó, que “el lavado de dinero es un proceso mediante el cual se busca disfrazar recursos de origen ilícito, haciéndolos pasar como legales”.
Este delito, subrayó, “está contemplado de manera técnica en el Código Penal Mexicano, específicamente en el Artículo 400 bis, como operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Recordó, “que el lavado de dinero no puede entenderse sin un delito previo, como el narcotráfico o el secuestro, que son los principales generadores de “dinero sucio” en el país.
