Una jueza federal ordenó suspender el procedimiento iniciado en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, cuando concluya la etapa intermedia del juicio.
Esto significa que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia que lo vinculó a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, debe esperar a que la juzgadora dicte sentencia en el juicio de amparo promovido por el ex funcionario.
Será el próximo 28 de septiembre cuando se realice la audiencia incidental en la se determinará si concede o no la suspensión definitiva.
«Hágasele saber a la autoridad jurisdiccional responsable que deberá suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la etapa de intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el presente juicio de amparo», indicó la impartidora de justicia.
Murillo Karam también presentó una demanda contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada y ya fue admitida a trámite.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República, el ex procurador construyó la verdad histórica sobre la desaparición de los normalistas y al desviar las investigaciones impidió dar con el paradero de los estudiantes.
Murillo Karam permanece en el Reclusorio Norte
Desde el pasado pasado 24 de agosto, el ex procurador permanece en el Reclusorio Norte, esto a pesar de tener 74 años, la cual es una edad superior a la que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla para que a una persona se le pueda dictar una medida cautelar.
El 1 de septiembre pasado, el detenido salió por un lapso de tres horas de prisión, pues se le realizó una tomografía en el tórax, esto en busca de darle seguimiento a su estado de salud.
Hay que recordar que un día antes de que Murillo Karam fuera detenido, el subsecretario Alejandro Encinas presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en el que se concluye que la desaparición de los 43 normalistas constituyó un crimen de Estado en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, así como diversas instituciones del Gobierno mexicano.
