Los expresidentes del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y del actual Instituto Nacional (INE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova, llamaron a la Cámara de Diputados a nombrar por consenso a la próxima presidenta del organismo, ante la crisis por los presuntos actos de corrupción en la gestión de Guadalupe Taddei.
- EL DATO: ENTRE los firmantes están Mauricio Merino, Ciro Murayama, Jacqueline Peschard, Arturo Sánchez, Marco Baños, Alejandra Latapí, María Marván, Benito Nacif y Claudia Zavala.
En conferencia de prensa presentaron un pronunciamiento firmado por 16 exintegrantes del Consejo General, en el que advirtieron que los señalamientos contra directivos del INE y sus presuntos vínculos con proveedores golpearon la confianza en la institución, con el proceso electoral en marcha.
EL INE es recuperable, es reparable, pero para que eso ocurra tiene que haber un nombramiento de una presidenta que tenga la experiencia, que tenga el liderazgo, que tenga la inteligencia emocional y que tenga el respeto de las partes
LUIS CARLOS UGALDE Expresidente del IFE
A QUIEN MÁS le conviene que el INE recupere su credibilidad y que los resultados del proceso de 2027 sean infalibles es al propio Gobierno y a Morena, que es el partido mayoritario
LORENZO CÓRDOVA Expresidente del INE
“La crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción en las que aparecieron directamente involucrados los más altos directivos del INE y sus socios, ha tocado a ese organismo en el centro de su función y de su razón de ser: la credibilidad y la confianza”, señalaron.
Woldenberg pidió al Legislativo conducir el nombramiento con apego a la Constitución y privilegiar “los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y, sobre todo, confianza de todas las fuerzas políticas”. Asimismo, planteó una posible reconformación del Consejo General.
“No hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad. Son necesarias una serie de medidas de consenso que incluyen una reconformación del propio Consejo General”, sostuvo, y advirtió que nombrar consejeros sin respaldo opositor “debilita la confianza en el INE”.
A distancia, desde Boston, Massachusetts, Luis Carlos Ugalde consideró que prolongar la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García extendería la incertidumbre.
“El INE es recuperable, es reparable, pero para que eso ocurra tiene que haber un nombramiento de una presidenta que tenga la experiencia, que tenga el liderazgo, que tenga la inteligencia emocional y que tenga el respeto de las partes”, afirmó.
Añadió que la Cámara baja es corresponsable por sus facultades para designar consejeros y al titular del Órgano Interno de Control, además de la supervisión de la Auditoría Superior.
Leonardo Valdés Zurita recordó que en 2010 el IFE inició el proceso presidencial de 2012 con seis consejeros, por falta de acuerdos para cubrir tres vacantes, por lo que pidió recuperar la integración de 11 miembros.
Córdova urgió a cubrir las vacantes y advirtió que el INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen integraciones incompletas: “Lo que está en juego es la integración constitucional del órgano”.
Sobre la concentración de contratos en pocas empresas proveedoras de materiales electorales, Córdova reconoció que durante años existió un mercado oligopólico, pero rechazó que ello implique necesariamente ilegalidades.
Sostuvo que en los 26 años anteriores a Taddei “nunca hubo un escándalo de corrupción de estas magnitudes (ni) se demostró una colusión con proveedores”. Dijo que combatir la concentración del mercado correspondía a las autoridades del Estado, no a las electorales, y pidió distinguir el oligopolio de las conductas investigadas.
Córdova también advirtió que la crisis de credibilidad del árbitro electoral puede tener consecuencias políticas para Morena rumbo a 2027, pues consideró que al partido en el gobierno le conviene que el INE recupere su confianza.
“A quien más le conviene que el INE recupere su credibilidad y que los resultados del proceso de 2027 sean infalibles es al propio Gobierno y a Morena, que es el partido mayoritario”, señaló.
Cuestionado sobre Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien trabajó en el INE durante su presidencia, y quien sería el alfil de la red empresarial del proveedor José Alfredo Hernández Casillas operando desde el interior del instituto, Córdova Vianello dijo que tuvo responsabilidades de nivel medio y no estaba encargado de contrataciones ni de la relación con esas empresas.
Afirmó que desconoce qué ocurrió después de su salida, en 2023, y pidió investigar y deslindar responsabilidades, sin extender acusaciones a administraciones anteriores sin pruebas.
El expresidente del INE ubicó un quiebre institucional en la ruptura de acuerdos para integrar los órganos de dirección. “Se rompió la lógica del consenso (…) y se impuso esa lógica que no es democrática, sino que es autoritaria y unilateral”.
Sobre las versiones de que podrían buscar candidaturas en 2027, los cuatro lo descartaron. Woldenberg aclaró que haber sido titulares del IFE o del INE no les quita sus derechos político-electorales ni les impide participar en política o aspirar a un cargo público. Sin embargo, descartó competir: “A mí sí me pueden dar por muerto”.
Ugalde afirmó que no ha militado en partidos y que no tiene interés en una candidatura: “Mi pasión, mi profesión es la academia, la enseñanza, la investigación y la consultoría”.
Córdova y Valdés reconocieron su participación en Somos, aunque aseguraron que no aspiran a un cargo de elección popular. El primero defendió que el pronunciamiento sí tiene una intención política, pero no electoral: “es defender la institucionalidad electoral y a la democracia, y combatir las tendencias autoritarias”.
“Están en su derecho de opinar”: Segob
LA SECRETARIA de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, consideró que los cuatro exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) que acusan un deterioro en el organismo están en su derecho de compartir opiniones, porque en México hay libertad de expresión.
Lorenzo Córdova, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés conformaron un bloque para advertir los problemas que enfrenta el instituto a raíz de las contrataciones irregulares que orillaron a la renuncia de Guadalupe Taddei al frente del
organismo electoral.
Consultada al respecto, Rodríguez Velázquez comentó: “En México hay libertad de expresión. Hay la garantía siempre de la libertad de reunión. Entonces, yo lo que puedo decir: están en su derecho”.
Respecto a la negativa de la panista Lilly Téllez para inscribir con letras de oro el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado, y su crítica al considerar que no lo “merecía”, dijo que no entrará en el debate. Sin embargo, dijo que no hay ningún sector en la sociedad que dude de lo que el ingeniero representó para la democracia de México.
“Me parece que no hay en ningún sector de la sociedad alguna duda de lo que representó la figura de Cuauhtémoc Cárdenas en la historia democrática de México. Nosotros vemos a un demócrata que hizo historia en México y que no hay un calificativo negativo para todo lo que hizo durante su vida, su trayectoria”, dijo.
Por Yulia Bonilla
Profundizan en San Lázaro el desacuerdo por relevo del INE
Por: Claudia Arellano
La negociación para definir la convocatoria del relevo de la presidencia del el Instituto Nacional Electoral (INE) se complicó luego de que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, descartó reformar, por ahora, el artículo 45 de la legislación electoral, condición que puso Movimiento Ciudadano (MC) para respaldar el proceso.
El legislador argumentó que el proceso electoral ya está en marcha y que la Constitución impide modificar una regla fundamental en esta etapa.
Ivonne Ortega, coordinadora emecista en San Lázaro, sostuvo que el cambio es administrativo y busca que las decisiones del instituto electoral se tomen de manera colegiada.
Monreal Ávila aseguró que responderá a los ocho planteamientos de la oposición, aunque adelantó que algunos podrán atenderse y otros no, debido a que implicarían modificaciones constitucionales, y seguirá buscando un acuerdo entre bancadas.
- EL DATO: A 26 días de la salida de Taddei, suman 60 bajas de directivos y mandos medios; 18 fueron por terminación de contrato y el resto por renuncias o solicitudes para dejar sus cargos.
Sin embargo, reconoció que dentro de Morena hay quienes quieren recurrir a la mayoría parlamentaria para resolver el nombramiento, pero sostuvo que, sin consenso, no se designará a una nueva presidenta del INE.
El legislador reconoció que las negociaciones requieren flexibilidad de todas las fuerzas políticas y rechazó señalar a algún partido como responsable de la falta de acuerdos.
Afirmó que su intención es evitar que la designación de la nueva presidenta del instituto genere cuestionamientos sobre la imparcialidad del árbitro electoral, acusaciones de que se trata de una persona afín al Gobierno federal o de que la mayoría legislativa impuso el nombramiento.
“Si no es posible construirlo, simplemente fracasa la política y yo no coincido con eso”, advirtió.
El coordinador morenista también rechazó la propuesta de su homólogo en el Senado, Ignacio Mier, para que Blanca Yassahara Cruz García permanezca al frente del INE ante la falta de acuerdo.
“Vamos a intentar aquí construir el consenso para elegir a la presidenta del INE. Es una opinión de ellos, pero esta vez le tengo que decir al coordinador del grupo parlamentario de Morena que esa responsabilidad constitucional nos corresponde a los diputados”, puntualizó.
Monreal insistió en que el objetivo es completar el Consejo General con sus 11 integrantes y sostuvo que, aunque no existe una fecha fatal establecida en la Constitución para realizar el nombramiento, la legislación contempla que se lleve a cabo en un plazo breve.
Finalmente, reconoció que dentro de Morena existen posturas encontradas sobre la designación de la nueva presidenta del INE: mientras un sector considera que deben ejercer su mayoría legislativa para resolver el nombramiento, otro respalda su propuesta de construir un acuerdo con la oposición. “Hay de todo, debo decirlo, que es un tema en el que hay opiniones encontradas”, admitió.
No obstante, reiteró que no pretende recurrir a la mayoría parlamentaria para imponer la designación y que mantendrá su apuesta por el consenso, pues advirtió que, si no hay acuerdo entre las fuerzas políticas, no habrá una nueva presidenta del organismo electoral.
En tanto, la emecista Ivonne Ortega advirtió que su bancada no respaldará la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE si no se contempla modificar el artículo 45 de la legislación electoral, con el propósito de eliminar las facultades unipersonales de quien encabece el organismo y recuperar la colegialidad en la toma de decisiones.
La legisladora sostuvo que ese cambio es una condición indispensable para garantizar que la próxima titular del organismo no concentre las decisiones administrativas del instituto, como, afirmó, ocurre actualmente.
“Para nosotros eso es intransitable. No es un tema electoral, lo hemos discutido en diferentes momentos, es un tema administrativo”, señaló al insistir en que la reforma debe realizarse antes de designar a quien ocupará la presidencia del órgano electoral.
- EL TIP: EL 30 de este mes esperan la renuncia de la Unidad Técnica de Vinculación con OPLE y la Unidad de Transparencia.
Ortega Pacheco explicó que el partido naranja también ha planteado incorporar a la sociedad civil, particularmente a jóvenes universitarios y representantes de casas de estudios, para que participen en el escrutinio de los perfiles que aspiren al cargo.
Respecto a las negociaciones con Ricardo Monreal, indicó que durante la reunión de la Jucopo se manifestó la disposición de continuar las conversaciones durante esta semana para intentar construir una convocatoria de consenso.
Sin embargo, la diputada aclaró que todavía no definen si acompañarán el procedimiento, debido a que no conoce el documento definitivo.
Además, reconoció que algunas de las propuestas de MC y de Acción Nacional fueron incorporadas en un primer proyecto de convocatoria, aunque evitó precisar cuáles, al advertir que todavía pueden modificarse.
Insistió en que la modificación del artículo 45 no debe posponerse hasta después del proceso electoral de 2027, pues consideró que mantener las actuales atribuciones de la presidencia del INE dejaría intacto el problema, independientemente de quién ocupe el cargo.
“¿Qué estaríamos poniendo? ¿A una nueva Guadalupe Taddei con un nuevo proveedor? O sea, nada más cambiar de nombres porque al final de cuentas el superpoder ahí estaría”, cuestionó.
A juicio de la dirigente emecista, la concentración de facultades en una sola persona representa un riesgo para la confianza ciudadana en el organismo electoral, pues, aunque el actual diseño institucional resulte cómodo para Morena, puede generar incertidumbre entre los ciudadanos al momento de acudir a las urnas.
Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Cámara de Diputados, consideró innecesario renovar todo el Consejo General del INE en pleno proceso electoral. Sostuvo que el organismo funciona con 10 consejeros y que la prioridad es acordar quién sustituirá a Guadalupe Taddei en la presidencia del órgano.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México sostuvo que el árbitro electoral mantiene su funcionamiento, por lo que llamó a evitar una mayor inestabilidad, particularmente porque el proceso electoral ya está en marcha.
- EL DATO: EL CONSEJO General del INE se integra por una consejera presidenta y 10 electorales con voz y voto. Actualmente, Blanca Yassahara Cruz funge como titular provisional.
“Si no nos hemos puesto de acuerdo, imaginen, en el nombramiento de la presidencia sustituta, ¿vamos a hablar de nombrar a 10 más? Si estamos diciendo que hay estabilidad ahora con los 10 consejeros, ¿para qué generar más inestabilidad? Vamos paso por paso. Primero pongámonos de acuerdo en el nombramiento de la presidencia sustituta”, manifestó.
Las declaraciones se producen luego de que los exconsejeros electorales José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova exigieran este jueves a la Cámara de Diputados acelerar la designación de una nueva titular del INE mediante un acuerdo entre las fuerzas políticas y plantearon la necesidad de construir consensos para una nueva integración del Consejo General.
Ante ese llamado, Bolaños afirmó que la Cámara de Diputados cumple con su obligación constitucional, pero subrayó que un nombramiento de esta relevancia no debe resolverse por la presión temporal, sino por acuerdos entre las bancadas.
“Es más importante, desde mi punto de vista, construir consenso en la Cámara de Diputados que correr la prisa de nombrar por nombrar y que, desde el inicio, ese nombramiento se ha cuestionado en el procedimiento”, sostuvo, luego de llamar a la prudencia y planteó que el relevo en la presidencia del INE debe acompañarse de un proceso sancionador contra Taddei y de investigaciones sobre la presunta red de corrupción en el instituto: “Es más importante que haya consecuencias legales para quienes fueron parte de este entramado, que cambiar a todo el Consejo General del INE en pleno proceso electoral”.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que una renovación total requeriría una revisión constitucional y legal porque implicaría concluir anticipadamente los encargos de los actuales consejeros.
Además, calificó de “muy fatalistas” las advertencias de los exconsejeros sobre los riesgos en materia de credibilidad en el próximo proceso electoral, ya que se trata de la expresión de sólo cinco personas.
“Me parece muy fatalista esta expresión de cinco personas. Son millones de personas los que organizan una elección y cuestionarla con anticipación me parece una mala idea. Cuestionar el proceso que se está organizando me parece que no corresponde a la realidad”, sostuvo.
Agregó que los exconsejeros presidentes se encuentran bajo un proceso de auditoría para revisar su actuación.
Asimismo, al ser cuestionado sobre la presunta afinidad del consejero electoral Jorge Montaño con Morena, dijo desconocer si éste simpatiza con el partido y defendió el funcionamiento colegiado del instituto: “Yo no sé si él sea simpatizante de Morena, a los 10 los respeto y no puedo calificar a uno de ellos, o a una de ellas, de ser afín o contrario a Morena. Confío en que el órgano colegiado funcione y le dé estabilidad a la elección y al órgano”.
El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, descalificó los pronunciamientos de los exconsejeros y cuestionó su autoridad moral para opinar sobre la situación: “Pero qué autoridad tienen esos señores. No tienen vergüenza, deberían de callarse. Están en todo su derecho, pero ¿qué autoridad moral tienen? Ahí está la raíz de la corrupción en esa institución, de los fraudes y de todo”.
En Senado confían en la garantía de los comicios
Por: Tania Gómez
EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE) está en condiciones de cumplir con sus responsabilidades y organizar los próximos procesos electorales, pese a los problemas internos y las presuntas irregularidades que actualmente se investigan, consideró el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, sin embargo, urgió a la Cámara de Diputados a designar por consenso a quien ocupará la presidencia del organismo.
En entrevista, el senador de Morena sostuvo que el INE cumple sus funciones y cuenta con el respaldo de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) para llevar a cabo las jornadas comiciales, por lo que descartó que se ponga en riesgo su operación.
“El INE está funcionando, desde mi punto de vista, y va a funcionar. Están los organismos locales también, que coadyuvan en los procesos electorales”, afirmó.
- 9 Años es el periodo de gestión de la presidencia del INE
Respecto a la designación de la próxima titular del organismo, Martínez señaló que corresponde a la Cámara baja resolver el nombramiento y confió en que los grupos parlamentarios puedan alcanzar un acuerdo que genere confianza y evite una decisión dividida.
El legislador detalló que, aunque elegir a la nueva presidencia mediante mayoría de votos sería legal, no sería conveniente ante las circunstancias que enfrenta el instituto, por lo que defendió que la decisión se tome mediante acuerdo partidario. También consideró que los diputados tienen la posibilidad de encontrar un perfil que reúna el respaldo de todas las fuerzas políticas y cumpla con las condiciones de probidad, seriedad, honestidad y conjunte el apoyo unánime del pleno.
Sobre las presuntas irregularidades detectadas en el organismo, sostuvo que corresponde a las autoridades realizar las investigaciones y determinar si existen elementos para llevar los casos ante el Ministerio Público o un juez al aseverar que “los sucesos desagradables que se han localizado en el INE, corresponde determinarlos a la autoridad que está haciendo todas las auditorías”.
PAN escala al TEPJF por retraso en relevo del INE
Por: Claudia Arellano y Tania Gómez
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, anunció que su bancada presentó formalmente una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que ordene a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
Bajo la advertencia de que el asunto podría resolverse mediante una sentencia, en lugar de un acuerdo político, el legislador panista sostuvo que el tiempo para alcanzar un consenso entre las fuerzas parlamentarias se agotó.
“O lo hacemos por la voluntad de la construcción, o lo hacemos a punta de sentencias, pero el PAN no será cómplice de que se viole la Constitución”, afirmó.
El diputado responsabilizó a la mayoría legislativa de poner en marcha el procedimiento para cubrir la vacante que dejó Guadalupe Taddei y sostuvo que prolongar la espera compromete el cumplimiento de la obligación constitucional de la Cámara.
Lixa aseguró que su bancada sigue dispuesta a dialogar y espera que la Jucopo publique la convocatoria antes de que el Tribunal emita una resolución, ya que existen precedentes en los que el órgano jurisdiccional ordenó a la Cámara de Diputados emitir convocatorias para renovar autoridades electorales.
El legislador estimó que un recurso de este tipo puede resolverse entre ocho y 10 días y señaló que, en casos de 2011 y 2013, hubo resoluciones en menos de 26 días.
La impugnación busca que se emita la convocatoria para la presidencia del INE, que es el primer paso para que la Cámara baja designe a la sucesora de Taddei.
En el Senado, los panistas pidieron que el relevo genere confianza entre las fuerzas políticas y que se esclarezcan las presuntas irregularidades de su gestión.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, exigió que se aplique “todo el peso de la ley” a la exconsejera presidenta por los presuntos desfalcos en el INE. Responsabilizó a Morena de haber impulsado su designación y acusó al bloque oficialista de dilatar el relevo.
También sostuvo que una eventual omisión de la Fiscalía General de la República ante los señalamientos, agravaría la responsabilidad política del oficialismo.
Advirtió que la demora puede debilitar la autonomía del árbitro electoral rumbo a los comicios de 2027, por lo que pidió que la próxima presidenta sea elegida por unanimidad y que el nombramiento recaiga en una persona honorable que dé certeza al proceso: “Todo indica que lo que quieren es que lleguemos con un INE mocho, un INE debilitado al proceso electoral”.
Por separado, el senador panista Enrique Vargas del Villar consideró que la situación del Instituto es un foco rojo para las próximas elecciones. También atribuyó a Morena el nombramiento de Taddei y las facultades que ejerció durante su gestión. Afirmó que ese partido busca deslindarse de la expresidenta del organismo ante los señalamientos por presuntas irregularidades: “Yo también le hago un llamado al instituto, que sean unas elecciones limpias por el bien de México y por el bien de las próximas generaciones”.
El senador sostuvo que la estabilidad del INE es necesaria para que haya confianza en los comicios y vinculó esa certeza con la seguridad jurídica que, dijo, requiere el sector empresarial.
Amplían facultades sobre material electoral de TGM mediante decreto
Por: Alejandro Galindo y Yulia Bonilla
El Gobierno federal publicó la noche de este miércoles, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que reestructura Talleres Gráficos de México (TGM) e incorpora expresamente a su objeto la producción de boletas, documentación y materiales electorales que le soliciten el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (Oples). Las autoridades electorales definirán los modelos, el diseño, las especificaciones técnicas, el calendario y el control de calidad de cada encargo.
La medida abre la primera etapa del plan que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, presentó por la mañana en conferencia de prensa con el fin, dijo, de ampliar la capacidad pública de impresión, homologar precios e insumos, y reducir el costo de los comicios, además de garantizar la transparencia de las contrataciones.
- EL DATO: LOS TRES consejeros independientes de la Junta de Gobierno son Ángel Eustorgio Rivera González, Raúl Juan Contreras Bustamante y Josefina Cortés Campos.
“Se trata de ahorrar y pues de que no haya suspicacias al respecto. Sí, efectivamente hacia allá vamos (eliminar la impresión con sector privado), hacia la homologación y que sirva este Talleres Gráficos como ha servido, para que sean todos impresos por Talleres Gráficos de México”, declaró Rodríguez.
El decreto de reforma a TGM establece cambios estructurales que se realizarán en dos fases: la primera, considerada entre noviembre de 2026 y junio de 2027, incluye el fortalecimiento del área y las diversas disposiciones del decreto. La segunda fase vendrá a partir de julio del siguiente año y hacia 2030, que consistirá en la formulación de la Ley de la Imprenta Nacional de México, que establecerá un mandato exclusivo para la documentación y material electoral, así como para documentación de seguridad.
Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor, Gobernación promoverá con el INE el instrumento para acordar la producción y lo pondrá a disposición de los organismos locales. La exclusividad para TGM se plantearía en la ley después de las elecciones de 2027.
Talleres Gráficos deberá imprimir por cuenta propia las boletas que se le encomienden. Podrá contratar insumos, servicios auxiliares o procesos que no sean sustantivos. La prohibición de encargar a terceros la impresión de boletas también abarca la producción integral de materiales electorales. Autorizar una subcontratación que rebase esos límites será causa de responsabilidad administrativa.
El Ejecutivo citó hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Entre ellos figuran contrataciones sin investigación de mercado, adjudicaciones directas sin acreditar debidamente la excepción a la licitación, pagos anticipados por servicios prestados en otro ejercicio y una dependencia significativa de terceros para completar órdenes de producción.
Antes de iniciar la producción de cada proceso electoral, TGM deberá publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia el padrón de subcontratistas y proveedores de insumos, con el objeto, monto y procedimiento de cada contrato. Para integrar el padrón deberá evaluar la capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera de cada proveedor.
El decreto impide contratar a proveedores inhabilitados o sancionados, con pliegos de observaciones o promociones de responsabilidad sin solventar en materia de contratación de documentación o material electoral, o emplazados o sancionados por prácticas monopólicas en contrataciones públicas. También excluye a quienes figuren en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera mientras subsista el bloqueo.
El personal de Talleres Gráficos deberá abstenerse de intervenir en contrataciones, subcontrataciones o producción electoral si tiene o tuvo en los cinco años previos vínculos laborales, comerciales, societarios o de representación legal con proveedores comprendidos en el decreto. La restricción también abarca el parentesco hasta el cuarto grado con sus socios, administradores o representantes. La persona titular de la Dirección General, las áreas señaladas en el decreto y el personal que intervenga en contrataciones deberán presentar declaraciones de intereses que se difundirán en versión pública.
La Junta de Gobierno tendrá siete integrantes. Gobernación la presidirá y también estarán representadas Hacienda, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Los otros tres lugares corresponden a consejerías independientes, con voz y voto, que designará la Presidencia de la República a propuesta de Gobernación. El encargo ordinario durará cuatro años, podrá renovarse una vez y será honorífico.
La Junta sesionará al menos una vez al mes durante los procesos en los que TGM produzca documentación o materiales electorales. Al término de cada proceso publicará un informe sobre el cumplimiento de calendarios, especificaciones, precios y reglas de subcontratación y la entidad solicitará cada año a la ASF una auditoría de gestión.
La reestructura se anunció junto con el nombramiento de la doctora en Políticas Públicas por el CIDE Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como directora general, en relevo de Arturo Manuel Chávez López. La Dirección General tendrá 30 días naturales desde la entrada en vigor para presentar el programa de inversión que sustituirá maquinaria obsoleta y ampliará la capacidad propia. El programa incluirá cotizaciones, fuentes de financiamiento y metas para reducir la contratación con terceros.
EL PLAN
Claves de la reestructura de la entidad de impresión.
MANDATO. Producirá las boletas, documentación y materiales que le soliciten el INE y los Oples, que definirán diseño, calendario y control de calidad.
LÍMITES. Deberá imprimir por cuenta propia las boletas que reciba por encargo; no podrá delegar la producción integral de materiales electorales. Podrá contratar insumos, servicios auxiliares y procesos no sustantivos.
GOBIERNO. La Junta de Gobierno tendrá 7 integrantes, presidida por Segob, con representantes de Hacienda, Consejería Jurídica y Anticorrupción, además de 3 consejeros independientes.
CONTROLES. TGM deberá evaluar a sus proveedores y publicar un padrón con el objeto, monto y procedimiento de cada contrato. Hay reglas para prevenir conflictos de interés.
VIGILANCIA. La Junta publicará cada año tarifas y precios de referencia; tras cada elección difundirá un informe de cumplimiento y solicitará una auditoría a la ASF.
CAPACIDAD. TGM deberá presentar un programa de inversión para sustituir maquinaria obsoleta y ampliar su producción.

