Puebla, Pue. Un grupo de ciudadanos que promovió la demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz genéticamente modificado en México denunció una serie de anomalías procesales en la segunda instancia del juicio y pidió al Poder Judicial garantizar que el litigio continúe sin más contratiempos.
Según el Informe semestral de la demanda colectiva maíz número 26, emitido el 5 de julio, durante la segunda instancia (proceso que se sigue desde hace casi tres años) han documentado irregularidades atribuidas al primero y segundo tribunales colegiados de apelación, así como al sexto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito.
Entre ellas se nombran requisitos no previstos para la presentación de escritos electrónicos, sesiones extraordinarias fuera de los supuestos legales, notificaciones indebidas, trato desigual en la comunicación de acuerdos relevantes y errores en la integración del expediente.
Un señalamiento es que la agrupación fue notificada mediante rotulón, es decir, con acuerdos colocados en el exterior del tribunal, mientras la empresa Monsanto habría recibido notificaciones personales mediante su usuario en el expediente electrónico.
Los demandantes también reportaron fallas en la audiencia de alegatos del 12 de mayo. Según el informe, los inconformes solicitaron diferir la audiencia al advertir que no podía consultar en el expediente electrónico el acuerdo sobre la apelación de Monsanto. Horas antes de la diligencia, personal del tribunal reconoció que el acuerdo sí estaba en el expediente físico, pero no era visible para la parte actora en la versión electrónica.
Además, el acta de la audiencia tiene contradicciones: en una parte señala que Monsanto no presentó alegatos, pero más adelante tiene por recibido y acordado el escrito de la empresa. También se informó que PHI México y Dow Agrosciences presentaron alegatos ante el juzgado de origen y no directamente ante el tribunal de apelación, por lo que fueron recibidos al día siguiente de la audiencia y calificados de extemporáneos.
El grupo advirtió que estas incidencias no han afectado de la misma manera a las compañías demandadas, sino a quienes promueven la defensa del maíz nativo. Por ello pidió que el Poder Judicial actúe con diligencia, corrija las irregularidades y evite que el juicio se prolongue por errores procesales atribuibles a los propios órganos jurisdiccionales.
El juicio suma 13 años con la medida cautelar que ha impedido la autorización de siembra de maíz genéticamente modificado en el país, tanto en fase precomercial como comercial.
